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Esta actitud no es exclusiva del presente Gobierno, sino una constante en casi todos los que se sucedieron hasta ahora desde que las tropas chilenas se apoderaron del litoral boliviano en 1879. Quizá sea una muestra de que los bolivianos consideran que el encierro del país es algo que debiera ser tratado de manera expedita, por ser una situación histórica pendiente.

El gobierno del presidente Evo Morales ha decidido confiar en la “diplomacia de los pueblos" para resolver este tema más que centenario y muy sentido para los bolivianos.

Los gobiernos de los dos países mantienen los contactos en grados de absoluta reserva y bajo perfil, al contrario de lo que se hizo en el pasado, en que todo se hacía a través de declaraciones a la prensa y con rimbombancia.

Ahora, sin embargo, a juzgar por la opinión del canciller Foxley, el Ejecutivo boliviano debe mostrar cierta serenidad sobre el avance de este proceso y no generar impaciencia por demostrar que el estilo de diplomacia elegido tendrá resultados.

En Chile ha surgido, según lo admiten sus intelectuales, una corriente que propicia la solución del problema boliviano, aunque con procedimientos muy bien elegidos y mejor aplicados.

Pero esta corriente de pensamiento chileno y el gobierno de la presidenta Michele Bachelet tienen que vérselas con todos los prejuicios que existen en Chile, sumados a las especulaciones políticas, sobre todo de la derecha chilena, que actúa convencida de ser la heredera de los invasores del siglo XIX. Los matutinos de tendencia conservadora en Santiago hacen de sistema de alerta para la derecha de ese país, y ponen a sonar sirenas de alarma cada vez que hay alguna posibilidad de que Chile incorpore algún elemento de justicia en el tratamiento de la reivindicación marítima boliviana.

El principal condicionante actual es la ley no escrita, según la cual ningún gobierno chileno puede entregar a su sucesor un país con menos territorio del que recibió. Esta ley tiene sus celosos custodios en varios segmentos de la sociedad chilena.

Desde el Perú, entretanto, las respuestas a la eventualidad de un arreglo entre Bolivia y Chile, que incluya una cesión territorial, se mantienen bajo el argumento de la exigencia del respeto de los derechos peruanos sobre Arica. Esto fue repetido en los últimos días por el canciller peruano, José García Belaúnde. Las palabras del canciller peruano, reproducidas por un diario chileno, repiten la misma objeción que planteó ese país en la década de los setentas ante la posibilidad de que Chile ceda un corredor paralelo a la "línea de la concordia". Entonces, la propuesta fue que Arica esté comprendida en un triángulo de soberanía trinacional, lo que fue rechazado por el dictador chileno Augusto Pinochet.

De todos modos, vale la pena hacer el esfuerzo. Bolivia deberá perseverar en lograr que el diálogo con Chile se mantenga, donde además no se olvide incluir el cumplimiento de un comercio justo, la reparación del Lauca y el asunto del Silala.