Seis regiones dan una semana de plazo a Evo Representantes de 6 departamentos se dieron cita en Tarija para asumir medidas en defensa del IDH. Le dieron al Gobierno dos plazos: uno para suspender la redistribución de estos recursos y otro para aprobar las autonomías.
ENCUENTRO EN LA CIUDAD DE TARIJA • El prefecto tarijeño, Mario Cossío, toma la palabra, ayer, durante el encuentro que reunió, en la capital de departamento, a unas 300 personas.
Prefectos, cívicos y representantes de las universidades, municipios y organizaciones sociales de seis regiones del país otorgaron ayer al Gobierno un plazo de siete días, hasta el 15 de noviembre, para que anule el decreto supremo que redistribuye los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), y para que proceda a la devolución de los recursos retenidos a las prefecturas desde el mes de agosto.
La determinación fue aprobada en Tarija, cerca de las 21.30, al término de una cita a la que asistieron alrededor de 300 representantes de Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca.
En su parte resolutiva, el documento expresa, en primera instancia, “la solidaridad con los hombres y mujeres mayores de 60 años”, por lo que demandan al Gobierno que se garantice el pago de una renta con recursos del Tesoro General de la Nación y no con los del IDH.
“En consecuencia, exigimos la abrogación del DS 29322, los artículos del proyecto de Ley Financial 2008 que pretenden confiscar el IDH y demandamos la devolución de los recursos ya confiscados en la presente gestión, dando un plazo perentorio hasta el 15 de noviembre del 2007 para anular estas medidas gubernamentales; caso contrario, asumiremos medidas de protesta extrema y movilización general”, se lee en el documento.
Los firmantes consideran que la redistribución de los recursos del IDH que afecta a las prefecturas “es una decisión gubernamental que busca truncar las autonomías departamentales y la descentralización”,.
Por tanto, también advierten que si hasta el 14 de diciembre la Asamblea no constitucionaliza el mandato del referéndum del 2 de julio del 2006 (sobre las autonomías departamentales), las regiones donde ganó el SÍ asumirán “el derecho democrático de autogobierno, en respeto al mandato popular”.
“El Gobierno debe dejar sin efecto las medidas ilegales que ha tomado para arrebatarle los recursos a las regiones, si no lo hace, nosotros vamos a entender que lo que se quiere es frustrar los procesos autonómicos quitando los recursos a las regiones, consecuentemente daremos un paso a las autonomías” añadió el prefecto de Tarija, Mario Cossío.
En relación a la Constituyente, establecieron demandar el cumplimiento de la Ley Especial de Convocatoria. En caso de transgredirse esta norma y de aprobarse una nueva Carta Magna al margen de la ley, “desconoceremos su vigencia y asumiremos la desobediencia civil frente a ella, en cumplimiento del mandato de nuestros cabildos abiertos”.
En la llamada cumbre nacional, los asistentes resolvieron además conformar el Consejo Nacional Democrático (Conalde), cuyo objetivo es la “defensa de la soberanía, la unidad, la estabilidad económica y la democracia de los bolivianos”.
El Conalde estará constituido por los prefectos y presidentes de los comités cívicos del país, y la coordinación se iniciará con el Prefecto de Santa Cruz.
En alcalde de Tarija, Óscar Montes, advirtió que el gobierno del MAS pretende llevar al país al “caos total” y denunció que detrás de la decisión arbitraria de ´confiscar los ingresos del IDH a los nueve departamentos, está una maniobra hábil del Gobierno para dividir a las prefecturas, los municipios y universidades´.
La resolución también demanda mantener a Sucre como la sede para el desarrollo de la Asamblea Constituyente, como manda la normativa vigente.
“Si se aprueba una Carta Magna al margen de la ley, asumiremos la desobediencia civil frente a ella”, dice la resolución.