• OFICINA CENTRAL • Está en la zona de Villa Fátima y el cartel, con un nuevo logo, es lo único que se cambió.

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El gerente general de la entidad, Víctor Rico, informó que los ingresos de la empresa están previstos en 22 millones de dólares, pero la deuda contraída por la ex Samapa, Aguas del Illimani (AISA) y los bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda absorben la mitad de lo que captan.

“Para pagar las deudas se invierte el 50 por ciento de nuestras recaudaciones. Samapa contrajo deudas que tenían un plazo de pago de 20 a 25 años, pagamos todos los bonos y los 5,5 millones de dólares a los accionistas de AISA”, aclaró.

Hace un año, cuando se ultimaban los detalles para la salida de la empresa francesa AISA, los dirigentes alteños exigieron que no se pague ningún tipo de indemnización a la transnacional y menos se asuma sus deudas.

Sin embargo, ya en ese entonces, el ministro del Agua, Abel Mamani, informó que se elaboró una agenda para que el administrador —el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)— pague los préstamos que hizo la empresa con el Banco Mundial (BM) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), también se refirió a la deuda sobre los tenedores de bonos, que asumió AISA para conseguir recursos por más de cinco millones de dólares.

El presidente ejecutivo del FNDR, Edson Valda, manifestó que el Gobierno emitió bonos, que se traducen en acciones y que EPSAS realiza el pago puntualmente al Ministerio de Hacienda, a través de la entidad.

“Tenemos 24 horas para remitir ese pago en su totalidad al Ministerio de Hacienda, somos como custodios e intermediarios. Es decir que la empresa del agua por sí misma está pagando los bonos y al momento no tiene mora en absoluto”, aseveró.

El ejecutivo explicó que cuando estaba trabajando AISA la utilidad neta se repartía entre los accionistas de la empresa, pero con EPSAS, el directorio y los accionistas definieron, en la tercera reunión del 30 de abril, que todos los resultados de las gestiones, es decir las utilidades, deben reinvertirse en EPSAS y dejar sólo el cinco por ciento para la reserva legal, como establece el Código del Comercio.

“Como accionistas no llegamos ni a ver ni a administrar ni un solo centavo de la utilidad que genera la empresa”, aseveró.

El gerente Rico indicó que las utilidades durante la gestión normalmente rondan por el rango de un millón y medio de dólares a dos millones que se reinvierten en actividades normales de la entidad. “En obras es 10 a 15 por ciento, en mantenimiento y personal 20 a 25 por ciento y en infraestructura 20 por ciento de recursos propios, además utilizamos dinero de préstamos externos”.

La autoridad sostuvo que transformar una empresa privada a una pública y social requiere de una necesidad de carácter legal, pero esta situación demanda más de cuatro a seis meses, por ello las autoridades definieron mantener la estructura de Sociedad Anónima, “aun cuando la parte accionaria está en poder del Estado boliviano, situación que ha llevado a conformar una administración transitoria”, aclaró.

Documento de accionistas

Los dos accionistas de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) y que fueron nombrados por el ministro del Agua, Abel Mamani, suscribieron un contradocumento en el que se comprometen a no vender, transferir, donar, requerir ganancias con los papeles o hacer cualquier transacción comercial que les beneficie a ellos.

El presidente Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR), Edson Valda, explicó que Félix Calle y Mercedes Condori firmaron un papel de reconocimiento de transferencia.

“Es un contradocumento que hemos firmado porque como se trata de una acción que prácticamente pertenece al Estado boliviano, tenemos que tener la seguridad de que esa acción sí está con el Estado”, dijo.

Agregó que a simple requerimiento y sin necesidad de iniciar un trámite adicional alguno, las dos personas particulares deben proceder a la devolución y entrega judicial al FNDR de las dos acciones que les entregó el Ministro del Agua para que el 100 por ciento de las acciones vaya a la empresa.