El Gobierno anunció ayer que solicitará a la Fiscalía que investigue las agresiones que sufrieron cerca de una decena de asambleístas en Sucre, golpeados por manifestantes que reclaman a la Constituyente retomar el debate del traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo a esa ciudad.
Paralelamente, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Marcos Farfán, afirmó que la Policía garantizará la seguridad de las personas y los bienes públicos.
“Estamos en tiempos de democracia, vamos a cursar una carta al Ministerio Público para que se haga una investigación y, según la investigación, los malhechores tienen que ser castigados”, anunció la ministra de Justicia, Celima Torrico.
El viceministro Farfán acotó que el Ministerio Público “tiene que tomar acciones penales contra las personas. No nos interesa que sean universitarios, que sean cargadores, son ciudadanos que tienen que respetar las leyes”.
La noche del jueves, varios constituyentes fueron encerrados en el teatro Junín, donde amanecieron, mientras que ayer otros asambleístas fueron agredidos física y verbalmente por gente que pedía el traslado de los poderes del Estado a Sucre.
Sobre la seguridad para los constituyentes y los predios donde se debe llevar a cabo el foro deliberante, el Viceministro de Seguridad Ciudadana dijo que “si continúan las agresiones o existe avasallamiento a la propiedad pública, privada o actos violentos, la Policía se verá forzada a actuar para garantizar la paz y tranquilidad de la ciudadanía y de los asambleístas”.
Sin embargo, aclaró que si las movilizaciones son pacíficas, las fuerzas del orden no actuarán.
Desde el ámbito político, el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, dijo que también se deben investigar a las autoridades que instigaron a la violencia. “En el marco del Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico, todo ciudadano, todo funcionario público que invoque a cometer actos contra la ley, debe ser juzgado”.