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La red ATB informó ayer que una comunaria del lugar explicó que hace dos semanas, una comisión de 12 personas de la Iglesia llegó a la zona para decirles que no hablen sobre el tema. “Los chicos decían, tengo miedo ya no quiero ir donde está el párroco (...). Monseñor Gelmi ha venido y nos ha dicho cómo van a comentar esas cosas (...), no comenten mucho”, manifestó la mujer.

Varinia Gonzales, fiscal asignada al caso, indicó a este medio que, “ni los niños, ni el personal del internado, ni las hermanas quieren dar su declaración”. Aseguró que no se puede obligar a los niños a que hablen, pero que seguirá la investigación.

Mariluz Bustamante, integrante de la comisión de conflictos del Arzobispado de Cochabamba, informó que los niños no quieren prestar declaraciones porque la fiscal asignada al caso estaría permitiendo que la prensa ingrese al lugar.

“Las hermanas del internado nos llamaron para decirnos que la fiscal y el Servicio Departamental de Gestión Social están actuando irresponsablemente, permitiendo a la prensa entrar donde no debían entrar, les sacan fotos (a los niños) cuando les están interrogando”, señaló.

A la fecha, no se tienen datos del paradero del ex sacerdote que violó a los menores. Sin embargo, la agencia de noticias EFE confirmó que éste es uruguayo y que responde al nombre de Juan José Sant\'Ana. La agencia indicó que el sacerdote “se ordenó hace dos años y desde que huyó no ha dado señales de vida´.

Bustamante expresó que la Iglesia se vio imposibilitada de detener a Sant\'Ana porque, “si lo hubiésemos detenido él podía decir que hemos cometido una arbitrariedad, la Iglesia no tiene su policía”. Aseguró que Sant\'Ana estaba en contacto diario con personas de la Iglesia “porque entró en un nivel de depresión preocupante, sobre todo, cuando ya se le notificó que había dejado de ser sacerdote (...). Nosotros no podíamos entregarlo porque no había una denuncia”.
El internado Una brisa de esperanza alberga alrededor de 125 niños entre ocho y 17 años.

La Iglesia enfrenta otros casos

Hace un mes, el sacerdote Eduardo Revich fue denunciado por abuso deshonesto a 40 niños de un internado de la comunidad de Icla, en Chuquisaca.

Christian Sanabria, de la comisión de Derechos Humanos, entidad que realizó la denuncia formal, mencionó ayer que a la fecha se tiene todas las declaraciones y que el sacerdote fue suspendido temporalmente hasta que termine la investigación.

El otro caso fue denunciado por dos jóvenes en Cochabamba, en el que hacen referencia a que un sacerdote habría manoseado a una menor. Sin embargo, Mariluz Bustamante, de la comisión de conflictos del Arzobispado de Cochabamba, sostuvo que el caso no fue denunciado formalmente a la justicia y que “es una especie de trampa que le han querido tender al padre, tal vez para extorsionarlo”.