¡Desde adentro, entre todos y contra ellos!
William Kushner *

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Así, como titulamos, se popularizan las novísimas fórmulas que se plantean en temas de lucha contra la corrupción, al mejor estilo de una campaña de marketing privado. Esta lucha tiene mucho que ver con el deseo de los ciudadanos por una sociedad en la que se reduzcan y se terminen con los abusos, en beneficio individualizado, de los bienes y servicios públicos. Por otro lado, también tiene que ver con el deseo de la ciudadanía en general y de la empresa privada en particular por una administración más eficiente, menos engorrosa y menos costosa en términos de tiempo y dinero, tanto para ejercer derechos como para emprender negocios. En ese marco, no es correcto suponer que por tener la posibilidad de pagar el incentivo de la coima, necesariamente, se apoye indirectamente a la corrupción, especialmente, cuando las propias leyes exigen ´costos de agilización´ para su legal y fiel cumplimiento. Ya no sólo es cuestión de pasarse por encima el imperio de la ley sino que la propia ley, en su micro sistema de mercado, para cumplirse, tiene su precio. En tal escenario, los más perjudicados no solamente son los de siempre —los más pobres— sino también los emprendedores que creen que no tiene nada de sentido pagar por un derecho o por un servicio público que teóricamente debe ser eficiente, transparente y en la mayoría de los casos gratuito.

Es un dilema que no consigue resolverse con la difusión de imperativos éticos tal como intenta que así sea el decreto 29190. Por ejemplo, para el común de los ciudadanos, quien comete el error de ser ético es quien definitivamente se perjudica. A este sujeto no le llega nunca el empleo para el que se ha formado, no le tienen el trámite conforme al plazo legalmente estipulado, no le devuelven el coche recapturado por las unidades especializadas de lucha contra el robo sin previo abono del ´reconocimiento oneroso´ que ya es solemnidad. Es evidente que a este perfil de individuo —moral legalista—no le sonríe la administración y, encima que nadie le reconoce su desafío moral, termina decepcionado de un sistema que ve imposible de cambiar. ¿Ese será el ciudadano al que con vagos imperativos éticos pretende el Gobierno contentar?

Entre otras aberrantes elucubraciones están los métodos que proclaman un cambio etno-cultural sumado al cliché popularista que entiende que ´desde abajo´ proviene todo lo sabio y lo bueno, que además de oculto e indescifrable, ha resucitado para curar todos los males entre los mortales. Inclusive, hasta se presume que insertando al texto constitucional los famosos principios: Ama sua, Ama lulla y Ama k\'ella se modernizará la administración y, desde ese entonces, nadie tomará ventaja personal de los bienes o los servicios públicos como por arte de magia.

Alternativamente, y para dotarle de visión general a la decisión de lucha, se utiliza la etiqueta ´entre todos´ como si la acción colectiva tuviera probada eficiencia y resultados más allá de los casos particulares en los que se comprueba su alcance. Cabe señalar, solamente y a partir de la suma de intereses individuales articulados organizativamente. En tal sentido, ¿a quién le interesaría no tener ni siquiera la opción de pagar para tener sus gestiones terminadas conforme a ley, para registrar sin problemas su propiedad, para abrir su empresa y generar empleo, para desaduanizar sus importaciones y vender, para contar con una licencia y conducir, para conseguir un pasaporte y viajar? Categóricamente, terminaría siendo más efectiva la defensa de la coima por los cobradores y pagadores que le sacan beneficio a la misma, que la acción colectiva de los sedientos de ética que no buscan beneficiarse sino al prójimo y por amor a la patria. Muchos de los virtuosos promotores de ética, sin caer en cuenta, niegan las implicaciones económicas, administrativas, políticas y organizacionales que subyacen y sostienen la desdichada, pero beneficiosa costumbre de corromper y corromperse para decenas de miles de ciudadanos bolivianos.

El precepto ´contra ellos´ empaqueta ya y definitivamente el producto partidario de venganza política que, utilizado como punta de lanza, plantea el equívoco pensamiento de que los del otro bando son los saqueadores, pretenden hacernos creer, una vez más, de su inmortalidad. Para colmo, esa estrategia surte efecto en términos de rédito político hasta el punto de desentenderse de la seriedad del asunto por un puñado de votos a favor.

Todavía no se ha empezado. Siguen predominando los criterios partidistas, las consignas populistas y los sermones moralistas que, paradójicamente, no transforman el sistema sino incluso forman parte de los tantos factores que desencadenan la corrupción misma.

Finalmente y para el foro de discusión convendría, en principio, cuestionarse el cómo volver virtuoso un sistema vicioso e integrado por mortales, así también, diseñar y potenciar el estudio de la administración a fin de encontrar los incentivos que permitan presumir, con algún grado de certeza, no solamente de moral, la posibilidad de transparencia y probidad en la conducta de los funcionarios. Asimismo, diseñar un sistema de carrera para los funcionarios públicos que permita juzgarlos en función de su profesionalismo y dependan de una institución que decida, en su caso, mimarlos cual si fueran niños por su excelente desempeño profesional o expulsarlos si osaran desafiar, el aún impensado sistema de sólidos incentivos, abusando de su condición con conductas orientadas a proporcionar o satisfacerse individualmente de la administración pública, mucho más allá de su militancia o simpatía política.

*William Kushner
es MA en Administración
Pública y Gobierno.