La cuestión del Silala
Ramiro Prudencio Lizón*

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El Canciller de la República ha informado que se ha creado una comisión binacional para estudiar la cuestión de las aguas del Silala. Pero ojalá que esta nueva comisión no se empantane como las demás que se establecieron y que no llegaron a ningún acuerdo positivo.

Como se tiene conocimiento, mediante decreto de 20 de junio de 1997, el Gobierno boliviano derogó la concesión otorgada por la Prefectura de Potosí a la empresa de ferrocarriles ´The Antofagasta and Bolivian Railway´, sociedad constituida en Londres, con capitales británicos y con socios minoristas chilenos y bolivianos.

Desde la aprobación del mencionado decreto, los gobiernos nacionales que se sucedieron trataron de buscar una solución al problema del Silala, pero en su ofuscación y temor a la opinión pública, sólo atinaron a conformar comisiones técnicas que se dedicaron a estudiar y evacuar informes donde se determinaba que esas aguas conformaban un manantial y, por tanto, todas las aguas serían bolivianas. Mientras que Chile, por su parte, también efectuó estudios sobre la zona llegando a una conclusión diametralmente opuesta, señalando que las aguas del Silala constituían un río internacional.

Ahora se organizará una comisión binacional, siempre con la creencia de que ese acuífero constituye un problema técnico. Pero ahí está el error. Los técnicos nunca se pondrán de acuerdo porque cada parte defenderá lo suyo a rajatabla. Por ello, el único modo de llegar a una compensación por el usufructo chileno de dichas aguas es mediante un arreglo político.

Para poder negociar con Chile sobre el Silala, es menester tomar en cuenta algunos puntos importantes que se han debatido a lo largo de los diez años en que dura este litigio. Primeramente, el hecho de que no es posible exigir que el Gobierno chileno sea responsable del empleo por noventa años de las aguas de ese acuífero, realizada por la mencionada entidad británica. Además, el uso de esas aguas era legal hasta que el Gobierno de Bolivia, mediante el citado decreto, derogó la concesión.

Asimismo, que el problema del Silala se agrava sobre todo porque existe en nuestro país un empecinamiento dogmático de considerar que todas sus aguas pertenecen a Bolivia, lo que ha impedido su trato con Chile. Posiblemente, gran parte de las aguas que se dirigen al territorio chileno por el canal construido por la empresa del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia sea nacional, pero no se puede negar que algo de ellas habría llegado a ese país en forma natural, aunque no hubiese canal.

Es necesario tener presente que existen algunos documentos que avalan que el Silala se habría constituido en un riachuelo antes de la construcción del canal artificial. El principal de ellos sería el mapa adjunto al Tratado de Paz de 1904, el cual forma parte integrante del mismo, y donde se habla del ´río Silole´. Además, se sabe que esa empresa ferrocarrilera utilizaba sus aguas mucho antes de que construyera el canal artificial.

En consecuencia, sólo una negociación directa entre los dos gobiernos puede lograr un fin satisfactorio, el cual sería que Chile continúe aprovechando las aguas del Silala, pero dando a Bolivia una adecuada compensación. Pero no hay que negociar con dogmatismos sino con realidades. Para ello se debería determinar el porcentaje de aguas que corresponden a Bolivia, tomando como base el hecho de que fue necesaria la construcción del canal artificial para que bajen aguas con algún caudal utilizable. Lo mínimo que se debería exigir es el reconocimiento de un 80% ó 75% de las mismas que se escurren hacia Chile. Luego habría que estudiar el precio de las aguas, tomando como padrón el costo de ellas en Antofagasta y Calama.

De este modo, se podría llegar a una solución que no hiera la dignidad de ninguno de los dos países, pero que determine una justa compensación por el usufructo chileno de las aguas del Silala, solución que superaría este espinoso problema que afecta sobre todo al departamento de Potosí, y que serviría también para intensificar y consolidar los actuales entendimientos bilaterales.

*Ramiro Prudencio Lizón
es diplomático e historiador.