• AL TÉRMINO DE LA DECLARACIÓN • Coter (de chaleco) y Solari (a su izq.) se alejan de la Fiscalía de Quillacollo, ayer.

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Ambos representantes de la Iglesia Católica llegaron este jueves, de forma voluntaria, hasta la Fiscalía de Quillacollo (Cochabamba). El encuentro con la fiscal, Varinia Gonzales, empezó cerca de las 11.00 y culminó alrededor de las 12.15.

No obstante, ninguno atendió a la prensa al salir de las oficinas del Ministerio Público.

A primera hora de la mañana, en Cercado (ciudad capital), Coter, brindó un informe pormenorizado acerca de la denuncia de abuso deshonesto.

“La primera señal llega el domingo 21 en la noche; monseñor Tito encuentra a la religiosa, no habla con los chicos ni con el profesor que los acompañaba dada la hora de la noche y la Iglesia organiza y abre su juicio canónico de investigación”, dijo.

Justificó el hecho de retirar a Sant’ Ana de su cargo en el hogar y trasladarlo a la capital, con la prohibición de retornar a Tapacarí y ver a los niños, para que ellos no se sientan atemorizados.

Según Coter, hasta el 2 de noviembre se mantuvo contacto con el ex sacerdote y de ahí en adelante se enteraron de su fuga.

“La Iglesia no tiene policías ni cárceles, todavía no había una denuncia formal, hablamos de sospechas, indicios, sin cargos, detenerlo hubiera sido un hecho ilegal que hubiera propiciado un juicio para la misma Iglesia”, dijo.

En cambio, el fiscal de Distrito, César Cartagena, acusó a la Iglesia de encubrir el delito y al acusado; “lo están escondiendo, si ellos quisieran colaborar y obrar con corrección lo presentarían. Mal pueden decir que colaboran porque no proporcionan información”, aseguró.

Sobre la declaración de monseñor Tito Solari, arzobispo de Cochabamba, Cartagena aseguró que no existe una citación, no tendrían por qué citarlo y su presencia en la Fiscalía respondió a la presentación de informes respecto al proceso que se le sigue en la instancia eclesial. Para el fiscal de Distrito, la Iglesia falló, pues antes de acudir al Servicio de Gestión Social de la Prefectura debió recurrir a la Policía o al Ministerio Público. Redacción Cochabamba

ACERCA DEL PROCESO

La denuncia • Una vez conocido el caso, el domingo 21 de octubre, una comisión pastoral va a Tapacarí a indagar el hecho. El miércoles 24, por la noche, tienen un primer avance.

Una acción • La noche del jueves 25 alertan al Servicio de Gestión Social (Sedeges) y el viernes 26 trabajan con esta entidad prefectural para saber cómo proceder, explicó Coter.