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La exigencia institucional está contenida en un manifiesto público en el que también otorgan un plazo de 10 días para que Aguilar “restituya las pertenencias del Bloque Oruro a la sede que ilegal y delictivamente fue intervenida”. Además piden respeto al derecho a la libre expresión y pensamiento.

El pronunciamiento se lo hace a pocos días de que se conociera que el prefecto Aguilar utiliza parte del edificio prefectural como su domicilio. El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, anunció una investigación sobre las denuncias recibidas contra la autoridad.