Autonomía de facto
Félix Patzi*

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Los prefectos y los comités cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando no sólo cerraron las filas para hacer fracasar la Asamblea Constituyente, sino la posibilidad de implementar una autonomía de facto. Ello significará, por supuesto, la toma de instituciones y empresas estatales ubicadas en cada uno de los departamentos y la creación de su instancia legislativa para dictar normas y/o leyes, que muy probablemente propongan eximirse de los impuestos al Estado nacional, además de que con seguridad intentarán crear su propia fuerza pública, bajo el adjetivo de defender el territorio y autonomía departamental.

Sin duda, eso pretenden hacer con el único objetivo de preservar y defender las tierras gamonales y las empresas de carácter especulativo que priman hoy en Santa Cruz. Es cierto que en 1952 no se había logrado concretar la reforma agraria en los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz; por el contrario los diferentes gobiernos dictatoriales no sólo consolidaron las grandes extensiones de tierras, sino optaron por regalar tierras a las familias recién inmigradas de países extranjeros de origen árabe, japonés, yugoslavo, griego e italiano después de la segunda guerra mundial. De ahí que crecieron estrepitosamente los latifundios en los departamentos mencionados.

En respuesta a la posibilidad de una autonomía departamental de facto, Achacachi realizó el 15 de noviembre un cabildo denominado “defensa a la Constituyente”, y entre las conclusiones más sobresalientes, aparte de convocar a un cabildo y un paro cívico provincial de Omasuyos para el 22 de los corrientes en el lugar del gran cuartel de Qalachaca, están las siguientes: a) Implementar la reforma agraria de facto en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, b) autonomía indígena de facto o cumplimiento inmediato de la declaración de la Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, c) implementación del sistema comunitario de facto, y d) declarar inconstitucional la intención de los gobiernos departamentales e impulsar la desobediencia civil a cualquier normativa que salga de los prefectos.

Con seguridad que dichas resoluciones serán ratificadas en el cabildo de Omasuyos y se convertirán a partir de entonces en un horizonte político de los movimientos sociales e indígenas. Pueden ser, además, la chispa que incendie la pradera nacional, ya que constituye un proyecto societal alternativo al sistema capitalista colonial.

La diferencia de este movimiento emergente de Achacachi de la revuelta de octubre del 2003 es el haber logrado un programa político nacional expresado particularmente en tres puntos: Reforma Agraria, Sistema Comunitario como un nuevo modo de producción alternativo al capitalista y autonomías indígenas. Algo que en octubre no había como utopía de sociedad, más bien depositaron su esperanza en que dicha propuesta saldría de la Asamblea Constituyente. Entonces, desde el punto de vista de los movimientos sociales podemos decir que el mejor logro alcanzado es la propuesta de proyecto de sociedad que además de estar en línea con la propuesta de la nueva Constituyente se encarna en el ciudadano común. De este modo, cada vez se abre la posibilidad de debate de dos ideologías: la de los movimientos sociales y la de los comités cívicos.

*Félix Patzi
es sociólogo, fue ministro
de Educación (2006 - 2007).