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La justicia es un ideal universal, aunque no siempre se la ha aplicado debidamente. Se debe reconocer sin embargo que, por ejemplo, la pena de muerte ya ha sido rechazada en la mayoría de las naciones (Bolivia entre otras), así como nadie en el mundo democrático puede oponerse a la existencia de los sindicatos como medios de defensa colectiva de los trabajadores ante las injusticias a que lleguen a someterles los patrones.

Es una aspiración legítima que ningún derecho se vulnere en el país. Para eso, es requisito indispensable contar con un sistema probo de aplicación de justicia que en estos momentos no existe. Los caminos hacia los atropellos, los ultrajes, y el abuso el poder, están, por el momento, abiertos.

La situación de la justicia en Bolivia pasa por momentos difíciles y, aunque parezca exagerado, los bolivianos no reciben justicia al haber colapsado en los hechos el Tribunal Constitucional. El trabajo de los tribunos está incomprensiblemente suspendido desde principios de octubre. Todo esto porque ni el Gobierno ni la oposición se ponen de acuerdo para elegir a siete magistrados que se necesitan para completar los 10 que el Tribunal Constitucional requiere.

Esto obedece a factores políticos, a acusaciones de prevaricato que el propio Presidente de la República lanzó contra tribunos que renunciaron alegando la defensa de su dignidad. Entonces nos encontramos con que, en un asunto tan gravitante para la nación, los intereses personales y de grupo se imponen.

Con una inseguridad tan grande, que puede tomar mucho tiempo para arribar a una solución, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque ya se habla de que el asunto judicial es una mentira. Hay abogados que afirman que al haberse dañado a los litigantes, no se puede hablar de que haya justicia en el país. “Esta paralización está generando una suerte de decisiones en los tribunales ordinarios, que como saben que el Tribunal Constitucional está colapsado, resuelven como sea (los asuntos jurídicos), es decir, se genera un sentimiento de impunidad”, afirmó uno de ellos en el informe de lunes que publicó La Razón.

Aquí están presentes, innegablemente, intereses que van camino de destrozar la institucionalidad. Este es un capítulo más de los enfrentamientos políticos que están perjudicando irremediablemente a la ciudadanía. No puede existir una democracia —ni tampoco un país— donde la judicatura sea manoseada de esta manera. Todo lo que se está observando —desde dentro y desde afuera del país— no es otra cosa que una muestra de irrespeto al Estado de Derecho, y por cierto, a los derechos humanos y las garantías fundamentales de los ciudadanos. Así Bolivia no puede ser garantía para nadie.