La tarta magna
Puka Reyesvilla*

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

El año 2000, cuando ya era evidente que la economía del país se encontraba en recesión, el Ministro de Finanzas, y a coro con él, el gabinete en pleno, insistía en que sólo se trataba de una desaceleración de la misma; eufemismo mediante, lo que aquel dignatario estaba haciendo era tratar de atenuar el impacto —sicológico, por lo menos— de la contracción de las arcas públicas y de los bolsillos del ciudadano. El uso de este recurso del lenguaje —sobre todo en política— tiene diversas motivaciones, a saber: encubrimiento, racionalización, negación, manipulación, sublimación, tabú y actitudes mágicas. En el caso de referencia, la negación de un hecho palmario: el achicamiento de un pastel hacendístico del que aún en tal condición y siguiendo la tradición rentista, todos reclamaban “su” tajada.

El año 2007, en circunstancias macroeconómicas completamente diferentes, una nueva controversia respecto del uso de términos se ha instalado a partir de la intención gubernamental de echar mano de los recursos del IDH para financiar una proyectada renta vitalicia que nos permita vivir bien a partir de los sesenta años. Para las prefecturas se trata de un “recorte” y para el gobierno se trata de una “redistribución”. Este último apela a argumentos emotivos —sensibleros, inclusive— frente a sus seguidores para invocar que los prefectos no sean egoístas; bien podrían responder las primeras que aquel no sea “evoísta”, porque con el subterfugio de una medida social, lo que en realidad busca es dar al traste con la descentralización, ergo afectar el proceso de las autonomías departamentales con el efecto adicional de asegurarse una clientela electoral. De sexagenarios para adelante, estos ciudadanos “ya cuentan” con su tajadita por el solo hecho de que fue el Presidente quien se las ofreció con bombos y platillos —¿quién se atreve, a estas alturas, a negarles el bonito?—.

Pero, pongamos que yo tuviera 60 o más años; mientras me llegue, me tendría sin cuidado su procedencia (siempre y cuando sea legal) y si fuera un sexagenario bien informado, sabría que hay otras fuentes de posible financiamiento como las que está considerando el Senado. Pero claro, como el objetivo es afectar a las prefecturas, el oficialismo no acepta otra fórmula que no sea la suya.

La transferencia anunciada por el Gobierno peca de un error de concepción: ofrece un monto fijo, lo que coloca al Estado en una posición muy comprometida como ya se vio con el Bonosol. Pero la demagogia no suele considerar tales sutilezas.

Ahora bien, no resulta difícil encontrar argumentos para meterse con el IDH. Entre que la plata se distraiga en medio de la ineficiencia burocrática o que llegue directamente a la billetera de uno, la elección es cantada; más aún, entre desaparecer por corrupción funcionaria (responsabilidad pública) o desaparecer por mal economato (responsabilidad individual), las sensibilidades se inclinan por la segunda opción. Mensaje a las prefecturas (y con mayor razón al Gobierno central): mejoren sus niveles de eficiencia y de transparencia. Tal es el desafío de administrar la Tarta Magna.

*Puka Reyesvilla
es docente universitario.