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El secretario general de la Asociación Nacional de Mineros Medianos, Marco Antonio Calderón de la Barca, lamentó que las reuniones que tuvieron con el ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, hayan sido vanas, porque sólo les pidió papeles para ver si estaban operando en orden, y no se hizo nada para defender la propiedad privada.

“Definitivamente el Gobierno no nos escucha (...) Esta situación en cualquier momento va a llegar a un enfrentamiento entre bolivianos, y eso nadie quiere”, advirtió el ejecutivo. Explicó que las operaciones están siendo tomadas por personas que están conscientes que actúan contra la ley para lograr ingresos adicionales de manera fraudulenta, aprovechando otras inversiones.

Sostuvo que la posición que asumió Echazú no es la acertada, porque actuó de forma cómoda al pasar la responsabilidad a la Superintendencia de Minas y no asumirla como cabeza del sector. El superintendente es interino y no puede hacer mucho.

“Tampoco es cosa de mandar policías con gases lacrimógenos, cuando los grupos de comunarios están armados”, subrayó al recordar que en Lipichi un efectivo policial fue asesinado.

ARGUMENTOS

Derecho • Las concesiones y operaciones mineras gozan de la protección del Estado, tal como lo estipula la Constitución Política del Estado (CPE) y el Código Minero, señala la Asociación de Mineros Medianos.

Penal • El Código estipula que estas tomas son sujetas a un juicio penal para quienes participen e instiguen las mismas, independientemente del pago de daños y perjuicios.