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En una reunión realizada ayer en Villazón (Potosí), autoridades y entidades de ambos países crearon dos equipos de trabajo; uno que prevendrá la salida ilegal de menores de edad y otro que atenderá denuncias concretas.

“Se conformó un subconsejo que trabajará sobre la protección de los niños y también se estableció un grupo de trabajo comprendido por los dos cónsules —de Argentina en Villazón y el de Bolivia en La Quiaca—, a solicitud de la Pastoral Migratoria y de las autoridades diplomáticas de ambos países”, explicó ayer la cónsul de Argentina en Villazón, Reina Sotillo, a La Razón.

La autoridad dijo que el trabajo del subconsejo, que tiene representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Pastoral de Migración de La Paz y Potosí, y de Derechos Humanos, entre otros, será luchar contra el delito.

Para ello desarrollarán tareas de prevención en escuelas y centros deportivos de la región a fin de que niños y adolescentes conozcan las consecuencias del tráfico (traslado irregular de personas) y la trata (emplearlas para beneficiarse de sus ingresos).

Además se acordó que tanto el Consulado de Argentina en Villazón como el de Bolivia en La Quiaca trabajarán personalmente sobre cada denuncia recibida.

“Es un equipo de trabajo presidido por los dos cónsules, en el que cada caso signifique una reunión específica para resolverlo y además prevenirlo y evitarlo, vamos a establecer las instancias para regresar a las víctimas a su lugar de origen”, señaló Sotillo.

La reunión fue organizada por la ministra de Justicia, Celima Torrico, quien convocó a los miembros del Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico Ilegal de Personas, a autoridades de Argentina y otras organizaciones afines al área.

LOS ANTECEDENTES

Domingo 31 de septiembre • La Razón publicó un informe en el que reveló la facilidad con la que los niños salen del país a través de Villazón a Argentina.

Domingo 7 de octubre • Se constató que abogados de Villazón compran testigos para autorizar la salida de los menores.

Reacción • Desde hace poco más de un mes, cinco instituciones se pronunciaron ante el delito. El Gobierno lo hizo ayer.