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Según la Asiep, el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), del que ahora dependen, usurpa funciones y comete abusos con sus afiliados.

“Desde el 2006, nuestras asociadas han sido víctimas de un verdadero acoso propiciado por el Sedeges, que ha dejado notificaciones a los centros infantiles, con motivo de acreditarse a tal instancia prefectural y el pago de un arancel que no tiene respaldo legal”, se lee en una carta dirigida al prefecto Paredes. En la misma expresan su malestar en sentido de que, tratándose de centros de educación inicial, es incorrecto llamarlas guarderías.

“El Decreto Supremo 27136, del 14 de agosto del 2003, dispone que el Seduca emite resoluciones administrativas para la apertura, modificación, traslado, fusión y cierre de unidades públicas y privadas en los niveles inicial, primaria y secundaria del área de educación formal”.

Con este marco normativo, dicen, el Sedeges, cuya labor está dedicada al área social, “no tiene competencia para arrogarse funciones que no emanan de la ley”.