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“La ley dice claramente que debe existir una sentencia ejecutoriada para que una persona esté prohibida de ocupar un cargo público; sin embargo, aquí hay una cuestión de ética, que si bien no tiene una sanción penal, sí tiene una sanción moral. Si este señor, a quien no conozco, está en funciones públicas y tiene ya un proceso en su contra, lo que corresponde es renunciar”.

Suxo añadió que “ésa es la manera en la que un servidor público puede seguir siendo investigado sin pensar que existe manipulación de información”.

La Razón dio a conocer ayer un informe de la Contraloría donde se establece indicios de responsabilidad civil contra Isidro Poma Ticona, cuando éste se desempeñó como alcalde del municipio de Ancoraimes, por apropiación arbitraria de bienes patrimoniales del Estado por un total de 49.595 dólares.

Las auditorías especiales a la gestión de Poma se iniciaron hace 10 años. El último informe de la Contraloría es de marzo del 2004, y de acuerdo a los reportes y seguimiento al caso, las denuncias contra el ex alcalde se encuentran en los tribunales.

La viceministra Suxo aseguró que a la fecha esa repartición no tiene ninguna denuncia en contra de Poma. “Sin embargo, por la información conocida, corresponde hacer el seguimiento y monitoreo a este caso”.

La autoridad fue categórica al señalar que todos los servidores públicos están en la obligación de transparentar su gestión.

Otros que adeudan al Estado

Además de Isidro Poma, actual jefe del Senasag La Paz, el informe de Auditoría Especial a la gestión 1999-2000 del municipio de Ancoraimes establece que concurrieron en indicios de responsabilidad civil por falta de rendición de cuentas las siguientes personas:

Ditter Retamozo, por $us 236; Julio Quispe, por $us 642; Sabino Cancari (fallecido), por $us 2.884. En este último caso, y de acuerdo al Código Civil, sus herederos deben ser emplazados por las instancias judiciales para rendir cuentas.

También deben rendir cuentas Julio Chiara, por $us 3.656; Laura Verátegui de Gandarillas, por $us 13.005; Juan Mamani Luque, por $us 1.619; Angélica Vargas Poma, por $us 1.805; Rosa Vargas Poma, por $us 10.985; Ricardo Larico Tórrez, por $us 16.303, y Simón Choquehuanca Aruquipa por $us 6.555.

Además, Leandro Chacalluca Mamani, ex alcalde de Ancoraimes (actual diputado del MAS), y Jacinto Mamani Quispe, ex oficial mayor administrativo, en forma solidaria por $us 80, según el último informe de la Contraloría.