Marchan discapacitados MEDIDA • Los manifestantes se apostaron en Patacamaya, no hay tránsito de vehículos.
Personas con discapacidad avanzan por la carretera hacia La Paz. Exigen que el Gobierno les asigne un bono de Bs 3.000. Hoy se sabrá si habrá diálogo o no.
Un grupo de personas con discapacidad marcha hace cuatro días desde la localidad de Panduro, carretera entre La Paz y Oruro, hacia la sede de gobierno para solicitar al presidente Evo Morales, entre otros puntos, la aprobación de un bono vitalicio anual de tres mil bolivianos.
“La petición consiste en la creación de un ministerio para la persona con discapacidad, de un bono vitalicio, el monto que disponga el Gobierno, pero nuestro objetivo es pedirles tres mil bolivianos”, explicó Alfredo Mamani Guarachi, presidente de la asociación 14 de Septiembre de las personas con discapacidad del Distrito 6 de El Alto.
La marcha ayer se concentró en la localidad de Patacamaya, un punto estratégico porque no sólo conecta a La Paz con Oruro, sino que es el desvío hacia Chile, lo que provocó que decenas de camiones con mercaderías estén detenidos en medio camino.
Según Mamani, es posible que la medida se suspenda hoy ya que sus dirigentes se encuentran negociando con algunos representantes del Gobierno.
“Estamos dialogando con representantes de los ministerios de Justicia, Salud y también con un representante del Defensor del Pueblo, y hasta mañana sabremos los resultados”, explicó
En mayo, Jaime Estívariz, secretario Ejecutivo de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad, acordó con el Gobierno iniciar un censo para establecer cuántas personas con discapacidad viven en el país y la creación de un fondo de solidaridad y equidad destinado al financiamiento de viviendas.
Sin embargo, Mamani dijo que la marcha también solicita la renuncia de Estívariz y la de Luis Balboa, director Ejecutivo de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad por supuestos actos de corrupción.
En contacto con La Razón, Estívariz aseguró que la marcha es ilegal porque aún se realiza el censo, con la colaboración del Ministerio de Salud, y rechazó acusaciones de corrupción.