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“Siempre tendrán que tener dominio y control (de los medios de comunicación) los bolivianos; siempre”, sostuvo, y explicó los alcances del capítulo VII del proyecto de Constitución Política del Estado aprobado en su estación en grande en Sucre.

Dijo que la decisión se sustenta en el hecho de que el Estado es dueño del espectro electromagnético, como lo es de los recursos del subsuelo. Bajo esta lógica —precisó—, las empresas extranjeras no pueden tener un paquete accionario que les permita controlar la comunicación.

El parágrafo IV, del Capítulo VII, señala textualmente que “la ley limitará las inversiones públicas o privadas, bolivianas o extranjeras, en los medios de comunicación cuando atenten contra los intereses generales”.

Una vez aprobado ese texto, se trabajará en una ley especial que limitará la presencia de la inversión extranjera hasta un máximo de 50%, “sin ahuyentar a la inversión”, según dijo Carrillo.

“Hay que ponerle un límite. Habrá participación extranjera, inversión no hay problema, pero no en esa medida o dimensión de controlar todo”, insistió.

La propuesta de CPE también prohíbe monopolios y oligopolios. El dirigente de los trabajadores de la Prensa, Marcelo Arce, se reunió con la presidenta del foro, Silvia Lazarte, para plantear incorporar en el texto constitucional la Ley de Imprenta.

TEXTO EN GRANDE

Contrapeso • El MAS otorga al Estado la facultad de apoyar la creación de medios de comunicación comunitarios frente a la iniciativa privada del sector.

Derecho • Se constitucionaliza el derecho a la comunicación y el derecho a la información en todo el país. No menciona nada sobre el secreto de imprenta.

Gremio • Los trabajadores piden que se constitucionalice el secreto de imprenta.