Intereses cortoplacistas
María Teresa Zegada*

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La Asamblea Constituyente, como cualquier otro escenario institucional, se rige por un mínimo de reglas de juego para poder funcionar de manera adecuada. En democracia, las reglas suelen asumirse de manera acordada y responden a la correlación de fuerzas, para luego ser acatadas por todos —se esté o no completamente de acuerdo con ellas—. Esto significa que la transgresión arbitraria de las normas por parte de cualquiera de los actores internos, puede provocar la distorsión de los resultados o, en el peor de los casos, el quiebre definitivo.

Por ello resulta tan importante en este momento, sobre todo si se pretende retomar la Constituyente y recuperar su credibilidad, proceder a la aprobación del texto, ceñidos rigurosamente a las leyes y normas que rigen su funcionamiento. A lo que hay que añadir, de manera enfática, la necesidad de que los representantes de la oposición concurran al escenario para el cual han sido elegidos, en un acto de lealtad con el electorado que depositó su confianza en ellos.

Ahora bien, la sociedad y sus actores son los encargados de otorgar las garantías para el funcionamiento de la Constituyente, en sentido de instaurarse como los vigilantes externos al proceso, pues delegaron en sus representantes políticos la responsabilidad de debatir y defender sus propuestas. No obstante, particularmente en esta coyuntura, se adopta la presión directa y sin mediaciones — o el ´mandato imperativo´ en relación con las bases—, por lo que la representación política termina reducida a un fenómeno meramente formal y carente de capacidad de decisión. Así lo determinan la presencia contundente de grupos externos que se sienten con derechos para interceder en el escenario constitucional en cualquier momento, al punto de llegar a bloquear la continuidad de las sesiones.

La excesiva permeabilidad de la Asamblea, que desde el inicio estuvo sujeta a presiones de diversa índole, por parte del Poder Ejecutivo, pero también de otros sectores sociales, económicos y políticos, la convirtieron en un escenario excesivamente vulnerable a las contingencias externas.

Estamos a menos de 10 días del plazo establecido para la culminación del evento, en el cual, como es natural suponer, es absolutamente imposible lograr los resultados esperados de una Constitución concertada. Sucede que los ´corto plazos´ que apremian en las cabezas, intenciones y discursos de ciertos dirigentes políticos, tanto del Gobierno como de la oposición, apuestan a la culminación a cualquier costo de la Asamblea. Por una parte, mediante la aprobación de la nueva Constitución a cualquier precio para consolidar el modelo de cambios propuesto, por otro para desbaratarla con medidas de presión realizadas ´hasta las últimas consecuencias´ para precipitar su fracaso, y también el del actual Gobierno.

Ni una ni otra posición auspician resultados positivos para el país; en este momento corresponde bajar las aguas y alargar los plazos, evaluar autocráticamente las prioridades y optar, con un mínimo de prudencia, no por victorias pírricas que reportan éxitos políticos particulares y poco sostenibles, sino por los intereses colectivos, en un acuerdo que replantee cronogramas y reposicione el espacio de deliberación como el central para resolver nuestras diferencias sin un costo irreparable para el país.

*María Teresa Zegada
es socióloga.