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En el documento se define también que las políticas públicas promocionarán el consumo interno de productos bolivianos.

El artículo 320 establece que “la inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento favorable”.

Señala que “las relaciones económicas con Estados o empresas extranjeras se realizarán en condiciones de independencia, respeto mutuo y equidad”. Advierte que no se podrá otorgar a Estados o empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las establecidas para bolivianos”.

Estipula que no aceptará imposiciones ni condicionamientos de Estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, multilaterales ni empresas transnacionales.