Los líderes de la Unión Europea firmarán mañana en Lisboa el tratado que reemplaza a la difunta Constitución Europea, un texto aprobado tras dos años y medio de crisis, y que esperan ratificar con la menor cantidad de referéndum posibles.
Organizada por la presidencia portuguesa de la UE, la ceremonia se llevará a cabo poco antes del mediodía en el Monasterio de los Jerónimos de Belén, de estilo gótico tardío y construido en el siglo XVI para conmemorar el regreso del gran explorador Vasco da Gama de su viaje a la India.
Pero al marco histórico y los discursos a la gloria de Europa que se pronunciarán no harán olvidar que este Tratado de Lisboa, un intrincado texto de 256 páginas, es el fruto de interminables negociaciones lideradas por la canciller alemana Angela Merkel, decidida a reactivar el proyecto europeo que el No a la Constitución de franceses y holandeses había hecho vacilar.
Si el texto recupera las innovaciones para facilitar las decisiones en una UE que pasó de 15 a 27 miembros desde el 2004, dejó de lado en cambio todo aquello que hacía pasar a Europa a una velocidad superior: la palabra “Constitución”, la referencia a una bandera y un himno europeos, y la integración de una Carta de Derechos Fundamentales.
Los estigmas del No del 2005 también están presentes: si los 27 aprobaron un texto sólo comprensible para juristas, un ejemplo perfecto de la grieta entre ciudadanos y eurócratas que todo el mundo deplora, es porque querían evitar imprevisibles referéndum, especialmente en los países “riesgosos”: Gran Bretaña, Dinamarca, República Checa, Francia y Holanda.
Incluso, la palabra referéndum se convirtió en tabú y ningún dirigente europeo se atrevió a celebrar al anuncio del gobierno danés de una consulta sobre la adopción del euro, que debería significar, sin embargo, buena noticia para Europa.
De la misma forma los países que pensaban organizar un referéndum sin demasiado riesgo, como Polonia, fueron disuadidos de no hacerlo para “no abrir la caja de Pandora”. Pero estas precauciones no significan que las dificultades hayan terminado. El tratado debe entrar en vigencia el 1 de enero del 2009. Bruselas, AFP