• HUELGA DE HAMBRE • El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, saluda, ayer, a uno de los huelguistas cruceños que protestan por la forma en que el MAS aprobó el proyecto de CPE.

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El 2 de julio del 2006, cuatro regiones votaron a favor del régimen autonómico departamental, con carácter vinculante, ¿por qué continúa la confrontación?

El tipo de autonomía propuesta por el MAS en la redacción del proyecto de Constitución ¿otorga a los departamentos, donde ganó el SÍ, las competencias que pretendían?

¿Qué fuerza legal tienen los estatutos y cómo ven los expertos en descentralización el futuro de este proceso y del país considerando las características del problema?

Sin respaldo constitucional y apelando al mandato del pueblo, autoridades y representantes cívicos de Santa Cruz iniciaron la redacción de un estatuto para la aplicación de la autonomía departamental. Los tarijeños, que ya elaboraron el suyo con 19 artículos, lo llamaron Estatuto Fundamental de Autogobierno de Tarija.

Con menos fuerza, pero tras similar objetivo, Beni y Pando demandan la misma cualidad, en tanto que las autoridades prefecturales de Cochabamba (una de las mayores plazas del oficialismo) hablan, con más cautela, de profundizar la descentralización.

No obstante, sólo la promulgación y posterior vigencia del texto constitucional aprobado por el MAS configurará el marco legal para estas acciones, las cuales —según establece el proyecto— requieren, con carácter previo, el diseño y aprobación de una ley marco de autonomías y de descentralización.

Martín Pérez, ex viceministro de Participación Popular y actual director ejecutivo del Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (Padem), advierte del carácter ilegal y político de este proceso, en el que, según asegura, se juegan intereses mayores.

“La Constitución vigente no reconoce las autonomías. La nueva Constitución, que aún debe pasar por un referéndum, reconoce las autonomías en cuatro niveles. Si en la consulta (para la aprobación final del texto) gana el SÍ, se tendrá el marco legal en el que se podrían empezar a construir los estatutos”.

Recuerda que el contenido de cualquier estatuto autonómico debe ser concordante con los de las otras tres formas de autogobierno propuestos en la CPE (municipal, regional e indígena).

“Explicar lo que está pasando en el país con la demanda de autonomías es mirar sólo una parte de lo complejo que resulta el momento en el que estamos. También es necesario resolver temas sobre la propiedad de los recursos. (...) La autonomía es un matiz, pero alrededor de ella hay un conjunto de otros temas que se deben resolver”, añade.

Una asamblea conformada por representantes cruceños inició ayer, en la capital oriental, la redacción del estatuto autonómico de Santa Cruz. En la inauguración del evento, el prefecto de ese departamento, Rubén Costas, dijo que “el evidente incumplimiento de la Constituyente masista al mandato emanado del referéndum vinculante por las autonomías departamentales, ha generado dos hechos concretos que tienen un enorme significado legal y racional: han producido un rompimiento del orden constitucional y han deslegitimado absolutamente el texto aprobado”.

Con este argumento, la autoridad justificó la elaboración del estatuto, que aseguró goza de legitimidad. “Esos son los aspectos centrales que dan origen y obligan a ustedes (sus asambleístas) a actuar para que la voluntad popular con relación a las autonomías departamentales, expresada en las urnas (el 2 de julio del 2006), no sea burlada”.

Citado por la agencia gubernamental ABI, el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, aseguró al respecto que un grupo de personas se atribuye la representación del pueblo cruceño, beniano, pandino y tarijeño e incluso se atreve a plantear la aprobación de estatutos autonómicos sin haber sido elegidos.

“Lo que está sucediendo es que un grupo de ciudadanos, pueden ser muy respetables, se están arrogando la representación de todo un departamento para aprobar un estatuto autonómico a nombre del Beni, Pando, Tarija o Santa Cruz”. Agrega que los estatutos deben elaborarse por un ente electo.

Para contrarrestar este hecho, las confederaciones de campesinos, colonizadores, indígenas y mujeres campesinas instruyeron a sus bases de estas regiones redactar su propio estatuto, lo cual podría derivar, según Pérez, en la pérdida de una visión nacional, que garantiza la equidad. “Sin equidad son autonomías que luego generan distorsiones”.

El ex ministro de Participación Popular, durante la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Hugo Molina, advierte que la aplicación de la nueva norma será “imposible”.

“En mi opinión es de imposible aplicación, porque establece cuatro niveles territoriales distintos, y cada uno de ellos es absolutamente independiente y autónomo uno de otro. Se rompe el sistema de ordenamiento territorial del Estado boliviano, rompe el elemento fundamental, que es el que ha guiado la historia constitucional de este país, que es el de los departamentos”.

Una aproximación sobre el tiempo que demorará la aplicación legal del proceso autonómico hace prever una espera de alrededor de dos años, considerando que, a partir de la fecha, se deben realizar dos referéndums, una nueva elección general (para Presidente y la Asamblea Legislativa Plurinacional) y la posterior elaboración de la ley marco de autonomías y descentralización, instrumento base para la redacción de los estatutos.

LOS HECHOS MÁS SOBRESALIENTES SOBRE LA PROBLEMÁTICA

Elección de prefectos • En diciembre del 2005, los bolivianos votaron, por primera vez, para elegir a los nueve prefectos.

Demanda autonómica • Las nuevas autoridades iniciaron una dura campaña en demanda de mayores competencias.

Referéndum autonómico • El 2 de julio del 2006, los bolivianos retornaron a las urnas para optar por la autonomía departamental.

El SÍ ganó en 4 regiones • Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando votaron en favor de este régimen, para incluirlo en la nueva CPE.

Acuerdo por las autonomías • El Consejo Político que pretendió salvar la Constituyente acordó introducir 4 formas de autonomía.

Nuevo texto constitucional • Las competencias legislativas y la distribución de recursos para los prefectos quedaron reducidas.