Constitución ilegal y autonomía
Carlos Toranzo Roca*

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Fue un río incontenible la llegada de Evo Morales al poder, nadie lo pudo detener; un río igual de ancho es el de las autonomías departamentales, tampoco parece que nadie lo podrá parar. La descentralización política es una demanda social de 150 años, no un ardid para oponerse al gobierno. En julio del 2006 en el referéndum sobre autonomías departamentales, cuatro de los nueve departamentos de Bolivia dijeron Sí a la autonomía, desde entonces y con la elección democrática y directa de sus Prefectos es un proceso que no para. En ese mismo referéndum se aprobó el carácter vinculante de esa autonomía ante la Asamblea Constituyente. El proyecto del gobierno, de re-centralización del Estado, indujo a que en la Constitución —que impuso de manera ilegal e ilegítima, pero que aún no está aprobada— se establezcan cuatro tipos de autonomías, lo cual es violatorio de los resultados del referéndum autonómico, hablamos de autonomías indígenas, provinciales, regionales y departamentales, lo hizo con el propósito claro de debilitar el futuro de las autonomías departamentales.

El intento de aprobación ilegítima e ilegal de la Constitución por parte del gobierno empujó a que los departamentos donde ganó el Sí autonómico (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) aceleren el proceso de redacción de sus estatutos autonómicos, los mismos que desean someterlos legalmente a referéndums y agilizar el proceso legal de la autonomía departamental.

El gobierno se siente incómodo con ese hecho, pero su conducta autoritaria empujó a que las regiones defiendan simultáneamente la autonomía y la democracia. A la idea autonómica se suman ahora dos departamentos, Chuquisaca y Cochabamba. La autonomía no es sólo un imaginario de las élites o de las oligarquías, es una apuesta popular en las regiones, eso debe ser asumido por el poder. La idea de secesionismo es para algunos periodistas internacionales que no conocen muy bien a Bolivia, nosotros sabemos que autonomía es no otra cosa que descentralización política en el marco de un país unitario.

Bolivia posee un empate de poder, un gobierno central fuerte, con adhesión en tres departamentos, frente a seis que desean autonomía y caminos democráticos para hacer reformas. Ninguno puede imponer todo su proyecto al otro, al tratar de hacerlo el gobierno genera violencia que conduce a su debilitamiento. En el largo plazo ganará aquel que respete la democracia y la legalidad, quien no respetó el Estado de Derecho se debilitará y perderá sus apuestas. Por lo pronto, el gobierno avanzó a paso de parada sin respetar la legalidad ni la legitimidad. La respuesta de las regiones no puede ser la misma porque debilitarán su proyecto. Hacemos votos para que las disputas no acaben con muertos que defienden la democracia y la legalidad.

*Carlos Toranzo R.
es economista y analista político.