Una Constitución mal nacida
José Gramunt de Moragas, S.J.*

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Bolivia se encuentra más dividida que nunca. Simplificando al máximo la disección, por una parte, el centralismo del MAS, racistas y revanchistas y, por la otra, el autonomismo regional de facto. El centralismo etnicista viene confirmado por la apresurada, irregular, confusa y contradictoria redacción del proyecto constitucional parido por la Asamblea Constituyente. Al otro lado se levantan los estatutos autonómicos con aires de constitución política de unos Estados federados.

De hecho, el Gobierno del MAS se propone sustituir las instituciones democráticas vigentes hasta ahora, por un presidencialismo autoritario. Esta inclinación contradice el sentido de la historia, actualmente más favorable a descentralizar los poderes del Estado y transferirlos a las entidades públicas territoriales que pueden ejercerlos con mayor conocimiento de su propia realidad social y económica. Una alcaldía conoce mejor que un ministerio de La Paz cómo satisfacer las necesidades de sus vecinos. Dígase lo mismo de un departamento o de una región. La principal incumbencia del Gobierno central es impulsar aquellas actividades encaminadas al bien común de la nación y que no puedan ser llevadas a cabo adecuadamente por las instituciones menores. Aquí está el punto neurálgico que conjuga la unidad nacional y la diversidad regional. Es lo que llamamos principio de subsidiaridad. Frente al Estado acaparador y todopoderoso, el descentralizado y subsidiario. Un ejemplo reciente: regalar tractores a los campesinos sin prever una política regional de mecanización del agro, es un truco electoralista de gran efecto, pero cultural y económicamente improductivo.

Este objetivo se ha hecho difícil de alcanzar desde el momento en que se inició la Constituyente. Lo confirman las declaraciones del ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé desde Madrid, cuando explica que “esta Asamblea tenía un propósito de convenir un nuevo orden para vivir en paz, pero el presidente Evo Morales le dio la tónica de la confrontación, juego al que le siguió la oposición. El descalabro es previsible”. El “resultado de la Asamblea es regresivo a todo avance institucional” (v.g. la equiparación de la precolombina justicia originaria con la moderna doctrina y práctica judicial). Recomienda que “lo mejor que puede suceder es que el Presidente, por la legitimidad que ostenta y siendo (Bolivia) un país tan presidencialista, tienda la mano a un diálogo mucho más sincero. Aferrarse a resultados tan cargados de vicios, tan poco legítimos y, además, sin deliberaciones (en la Asamblea) no va a llevar a ningún lado”. Rodríguez jalona sus opiniones sobre ese foro con calificaciones tales como “improvisación conceptual y jurídica” llena de “gruesos errores”, “aprobada en pocas horas de votación y con poca discusión”, “muchos artículos no responden a formato o concepciones coherentes”, algunos son “ininteligibles y en otros casos contradictorios”.

La tensión entre una Constitución etnicista y unas autonomías que le plantan cara al centralismo, como dijo Rodríguez Veltzé: “El Presidente de la República es el primer responsable de pacificar el país”.

*José Gramunt
es sacerdote jesuita y director de ANF.