¿Y el árbitro?
Carlos D. Mesa Gisbert*

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Nadie que de verdad crea en Bolivia y apueste por ella con su corazón, su alma y su voluntad, puede sentirse orgulloso o tranquilo con el resultado que hasta ahora nos ha dejado el proceso constituyente y la confrontación entre partidos, regiones, pueblos y estratos sociales, cada día más irracional y violenta, cada día más cargada de odios, racismo, revancha y mezquindad.

La historia de la Asamblea Constituyente ha sido entre penosa y vergonzosa. Un año y tres meses de parálisis, producto de la negativa a acatar la ley que protagonizó el MAS en el tema de los dos tercios y de la posterior zancadilla de la oposición, insertando el explosivo tema de la capital. Tiempo estéril en el que ¡no se aprobó un solo artículo de la nueva Carta Magna! La arbitrariedad del Gobierno para imponer un proyecto de modo unilateral y la decisión de la oposición de bloquearlo para hacer inviable la Constitución, lograron el entrabamiento total por quince meses. Visto lo visto, el Gobierno decidió apretar el acelerador y hacer por las malas lo que no había podido hacer por las buenas (si por las buenas se entiende su torcida interpretación de cómo aplicar los dos tercios). El 24 de noviembre, en uno de los episodios más amargos de toda nuestra historia constitucional, la Asamblea con la sola presencia del MAS y unos pocos aliados, aprobó en grande, en un recinto militar rodeado de soldados, policías y “movimientos sociales”, la nueva Constitución. Mientras afuera morían tres personas y eran heridas casi un centenar, adentro sin que nadie se ruborizara, se sancionó en pocas horas una Constitución de la que ¡sólo se leyó el índice! Días después, el Gobierno forzó una reunión del Senado con dos suplentes espurios en una sesión rodeada por “movimientos sociales” que amenazaron y amedrentaron a senadores de la oposición y cambió así la sede de la Asamblea. Finalmente, el domingo 9 de diciembre se aprobó en Oruro la nueva Constitución en detalle, con la presencia de varias fuerzas (con la significativa excepción de Podemos). En menos de 48 horas se aprobaron 411 artículos, leídos a toda velocidad y con manos alzadas mecánicamente. ¡En menos de tres días se despachó un texto que es el doble de extenso que la Constitución de 1967, del modo más irregular y apresurado que imaginarse pueda! Esa es la respuesta que dio el Gobierno al voto masivo de los bolivianos el 2006, que elegimos a 255 asambleístas para terminar así.

La oposición burlada por la ilegalidad, decidió responder con la ilegalidad. Los estatutos autonómicos se aprobaron a velocidad relativamente parecida a la de Oruro para poder hacer el mismo show que el Gobierno el 15 de diciembre y celebrar también su “triunfo”. Pasando por alto sus competencias y lo estipulado por el propio referéndum autonómico, quieren llevar adelante un estatuto que en los hechos es una Constitución regional paralela en cada departamento donde se aprobó.

Esta locura en la que dos fuerzas descontroladas deciden embestir como toros ciegos uno contra el otro, aplasta la ley, destruye las instituciones y pone al país a merced de la arbitrariedad total. Por si fuera poco, no sabemos todavía si votaremos en un referéndum, dos o cinco. El revocatorio (nacional y departamental), el dirimitorio, el de salida del texto constitucional, los de los estatutos autonómicos... Para no hablar de elecciones que, de ganar la actual propuesta constitucional en referéndum, nos hará votar por Presidente, Vicepresidente, senadores (o lo que se llamen en el futuro), diputados, prefectos, autoridades originarias de autonomías indígenas, autoridades de autonomías regionales, alcaldes, miembros de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, sin contar el caso de la elección del nuevo prefecto de Chuquisaca. ¡Todo eso en el 2008!

Todo o casi todo se ha hecho mal, la ley se ha vulnerado de manera sistemática. El Gobierno ha presionado al Tribunal Constitucional hasta destruirlo (hoy no hace quórum), controlará (por una vez con la ley en la mano) la Corte Nacional Electoral a partir del próximo mes de enero (una Corte a la que le faltan dos miembros). Ha demostrado que en caso de necesidad copa el Senado ilegalmente y aprueba lo que le parece conveniente. La respuesta de la oposición, cuyo afán desesperado es trabar, bloquear y desestabilizar a Evo, contribuye a este desquiciamiento.

La comunidad internacional, especialmente los países de la región, o no dice públicamente “esta boca es mía” o bendice a Evo porque la palabra “cambio” es mágica y un Presidente indígena parece —además de su incuestionable simbolismo— tener el doble cero para hacer lo que quiera sin costo alguno. La razón es muy simple, no es un problema de ética ni de ley, es un problema de estabilidad. La región apañará a Evo porque está aterrorizada ante la posibilidad de una Bolivia en riesgo de balcanizarse. No hay que hacerse muchas ilusiones sobre la supuesta presión internacional para volver a la racionalidad. El problema debemos resolverlo nosotros.

En consecuencia, nuestro único norte antes de cualquier debate sobre legalidades o ilegalidades, es exigir como Nación, como ciudadanos, la recomposición inmediata de las instituciones que garanticen imparcialidad y transparencia en los próximos procesos electorales. El primer y fundamental acuerdo nacional debe ser completar a cinco el número de miembros de la Corte Nacional Electoral y elegir a todos los miembros faltantes del Tribunal Constitucional, de una lista no cuoteada, conocida por todos los bolivianos y de consenso en las dos Cámaras, que nos garanticen que tendremos referendos y elecciones transparentes y bien manejadas y que le digan a Bolivia si lo hecho hasta ahora ha respetado la ley o no. Más allá de nuestras opiniones, inevitablemente subjetivas, lo que hemos perdido es al juez imparcial que responda a Bolivia en este escenario de caos legal en el que hemos caído de manera tan triste.

Un árbitro imparcial es lo que el país necesita con urgencia, un árbitro boliviano para resolver nuestros problemas.

*Carlos D. Mesa Gisbert
es ex presidente de Bolivia, periodista, historiador y político.