Las autonomías en el “tacho de la basura”
María Teresa Zegada*

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Entre los temas políticos críticos en el campo de la discusión y de definiciones para el 2008, la autonomía es sin duda, el principal. Al respecto es preciso diferenciar varios niveles de análisis, para desentrañar esta confrontación trivial e interesada en que se ha enfrascado el tema, y que menoscaba la necesidad y el sentido de las diversas propuestas autonómicas presentes en el debate nacional (departamentales, indígenas, regionales, entre otras).

Para comenzar, cabe resaltar un primer nivel, que es el que llega más directamente al ciudadano, que es el mediático-simbólico en el cual se producen una serie de distorsiones y manipulaciones discursivas. A este nivel, mediante propagandas o declaraciones de los protagonistas, la autonomía es asumida por sus defensores como instrumento de defensa de la democracia, legítimo y legal ante un gobierno que no respeta la institucionalidad; al mismo tiempo que es considerada por el Gobierno como una propuesta de división del país y como un instrumento de la oligarquía manejado por ´algunas familias cruceñas´, por lo cual, como expresó recientemente el Presidente de la República, ´hay que tirarla al tacho de basura´.

Un segundo nivel de análisis del tema, se sitúa en el ámbito institucional y legal en que el debate sobre la autonomía se centra básicamente en torno a su legalidad e ilegalidad y su posición respecto al texto constitucional. Lo cierto es que la actual Constitución no establece la posibilidad de regímenes autonómicos (la propia elección de prefectos fue producto de una ley interpretativa al artículo 109 de la Constitución), aunque la demanda se logró incorporar legalmente a través del referéndum del 2 de julio. No olvidemos, sin embargo, que sus resultados son vinculantes a la Asamblea Constituyente, no obstante ni la propuesta constitucional actual recoge estrictamente lo establecido en la pregunta, ni el proceso iniciado en las regiones del oriente reconoce y menos se acoge a la propuesta constitucional, por lo cual se llegó a la patética situación en que mientras se entregaba al Gobierno una propuesta de reforma constitucional elaborada básicamente por el oficialismo, en cuatro regiones del país se presentaban propuestas de estatutos autonómicos elaborados por las dirigencias regionales, totalmente desconectados entre sí, dando cuenta de dos realidades jurídicas distintas que se ignoran mutuamente.

Un tercer nivel de análisis se remite estrictamente al campo político-ideológico y resulta central porque explica los dos anteriores, y las razones por las cuales no fue ni será posible la concertación de una propuesta concertada de autonomías mientras no se resuelvan las pugnas políticas hegemónicas. En este nivel, poco importan los argumentos sociológicos o jurídicos, pues el tema autonómico se articula directamente a la disputa por el poder, representada, por una parte, por la oposición atrincherada detrás del tema autonómico y, por otra, el oficialismo que ve a las autonomías como el enemigo principal.

En todo caso, la acuciante necesidad de descentralizar el país y otorgar mayor eficiencia y capacidad de respuesta gubernativa a las amplias y diversas necesidades sociales mediante un proceso concertado, ha pasado a un segundo plano, y es sustituida por una discusión instrumental, interesada y estigmatizada en torno a las autonomías.

*María Teresa Zegada
es socióloga.