Amarrarse las manos
Juan Antonio Morales*

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El proyecto de Constitución incluye un gran número de ´derechos´, más bien de aspiraciones, de cumplimiento difícil de verificar y, peor, difícil de que los gobiernos los aseguren y garanticen. Parece haberse olvidado que hay un principio básico del derecho que dice que para el sector privado todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Ahora bien, si la nueva Constitución le crea al Gobierno compromisos de gasto, como la obligación de proporcionar una alimentación sana, adecuada y suficiente y campos deportivos y de recreación, es otra cosa. Los ciudadanos que no gozan de buena salud o vivienda adecuada o de campos deportivos, ¿podrán interponer un recurso de Amparo Constitucional contra el Gobierno?

La nueva Constitución está llena de paradojas. Su artículo 328, párrafo II, referido al Banco Central es más neoliberal que lo que los más ortodoxos soñaron, al disponer que el ente emisor no pueda prestar a institución pública alguna, es decir, ni siquiera con créditos de liquidez de muy corto plazo al Tesoro General de la Nación. Si el TGN no cuenta con recursos, sus prestamistas involuntarios tendrán que ser los asalariados resignándose a recibir sus salarios con demora. La misma disposición le prohíbe también al Banco Central otorgar préstamos a personas individuales o colectivas de derecho privado, lo que estaría bien si se excluyera a los bancos y otras entidades financieras reguladas. Si éstas no están excluidas, el Banco Central no podrá ejercer su función de prestamista de última instancia para el sector financiero. De muy poco le servirían sus cinco mil millones de dólares de reservas internacionales al Banco si ocurriera una crisis financiera sistémica, es decir que afecte al conjunto de entidades financieras. No podría ir en auxilio de ellas ni de sus depositantes. Es cierto que siempre he abogado por limitar la función de prestamista de última instancia del Banco Central, pero debía hacérselo a través de una ley y no de una regla constitucional que cierra una puerta que podría necesitársela en el futuro. Por otra parte, la nueva Constitución le prohíbe al Banco Central hacerse cargo de los depósitos y otras deudas de las entidades financieras que entraran en insolvencia. Esa función (artículo 330, párrafo IV) se la encomienda al Fondo de Reestructuración Financiera (FRF), que es el embrión de un Fondo de Garantía de Depósitos. La idea es correcta, pero el FRF es demasiado pequeño todavía. Si un banco de mediana dimensión entrara en insolvencia y tuviese que ser liquidado, lo que siempre es una posibilidad aún en el contexto actual de bonanza financiera, no habría los recursos para devolver expeditamente los ahorros a los depositantes, aún a los más pequeños. Se debía prever el acceso a instrumentos transitorios, camino que está cerrado por la nueva Constitución.

El precepto (artículo 113), aparentemente virtuoso, de no prescripción de delitos contra el Estado, tendrá el defecto de crear selección adversa haciendo que al Gobierno le sea difícil conseguir personal calificado. En un país donde se gatilla con gran facilidad acusaciones de corrupción, muchas veces motivadas políticamente, además que llevar a la gente a la picota del escarnio es popular, el que haya trabajado para el Gobierno vivirá toda su vida con la espada de Damocles de que lo pueden enjuiciar, con todos los inconvenientes que esto causa. El peligro será tanto mayor que pasados los diez años, la documentación se archiva (cuando no se destruye) o se pierde y se descontextualizan los actos. Se vuelve muy vulnerable a ataques políticos a los funcionarios públicos. Los profesionales que tienen oportunidades en el sector privado o en el extranjero no querrán trabajar para el sector público. Solamente lo harán los que no pueden y en un acto de desesperación. La calidad de la burocracia sufrirá. Además se atorará a los tribunales de justicia, agravando las retardaciones.

El gobierno del MAS puede ser víctima, como el Dr. Guillotín, de su propio invento. Verá la necesidad de reformar su Constitución a los pocos días de nacida, si es que nace. Reformarla le será, empero, fácil, más fácil que cambiar una ley. ¡Oh ironía!

*Juan Antonio M.
es profesor de la Universidad Católica Boliviana y ex presidente del Banco Central de Bolivia.