El diálogo iniciado el lunes 7 de enero dejó en evidencia la falta de claridad ideológica y política de los colaboradores del Presidente, ya que en vez de poner en debate las dos propuestas: proyecto de constitución política del estado, impulsado por los movimientos sociales, y los estatutos autonómicos, de los comités cívicos, sólo pusieron en debate la legalidad o ilegalidad de ambos documentos. Hacerlo a estas alturas sería sólo caer en una discusión bizantina, mucho más sabiendo que los enfrentamientos durante el periodo de trabajo de la Asamblea Constituyente se debían a dos posiciones políticas totalmente irreconciliables, por lo que las salidas a dicha crisis debían de ser también políticas.
Todos los ciudadanos esperan escuchar en el debate —como en el diálogo— sobre los contenidos de ambos documentos, los temas cruciales como ser: visión de país, el tipo de régimen de propiedad relacionado al control y manejo de los recursos naturales, tipo de economía, tipo de régimen político, sistema jurídico, tipo de educación, los derechos y los deberes de los ciudadanos. Conocidos dichos contenidos, la ciudadanía podría emitir con racionalidad opiniones y también alineamientos ideológicos o simpatías al respecto. Pero lo que escuchamos son pura discusión de procedimientos técnicos y acusaciones de unos contra otros.
Desde este punto de vista, la propuesta de la nueva constitución en su visión de país opta por una concepción plural y descolonizadora que, en algún momento, hemos denominado constitución de tercer vector, es decir que intenta fusionar la ideología capitalista liberal-colonial de matriz cultural occidental y la comunitaria descolonial de matriz indígena, aunque en muchos de sus capítulos y artículos son incoherentes con dicha visión.
Por otro lado, tenemos estatutos autonómicos que se enmarcan en una visión mono-civilizatoria, anclada en la concepción capitalista liberal y colonial de matriz occidental, que se traduce en algunos puntos esenciales como: seguridad jurídica a la propiedad privada capitalista, libertad de explotación de los recursos, y una concepción mono-dimensional sobre el aparato productivo basada solamente en la empresa privada y que se niega a otras formas de producción, y pretende retención de impuestos de manera íntegra para la región. Dicha garantía sólo es posible mediante el control político, de ahí la propuesta de autonomía departamental con poder de legislación sobre dichos recursos, inclusive sobre la circulación de sus ciudadanos, de ahí que también está planteada la necesidad de crear una fuerza policial departamental capaz de ejercer cohesión y represión para garantizar sobre todo la gran propiedad y el capital. Con ello se completaría la reproducción de la élite dominante de los propietarios del capital o de sus representantes. Por eso se rechaza a las otras formas de autonomía como las indígenas y regionales, ya que esto fragmentaría el dominio del capital, por una parte, y la élite de poder, por otra.
Por lo tanto, las discusiones deben estar orientadas a confrontar y proponer salidas a estas ideologías propuestas por ambos sectores y dichos contenidos son los que espera escuchar la población.
*Félix Patzi es sociólogo, fue ministro de Educación (2006 - 2007).
El Poder Electoral
Desde la creación de la República se ha otorgado mucho valor a la Corte Electoral, y su función de organizar uno de los momentos más importantes de la vida democrática, como son los procesos electorales.
El poder del perdón
¿Ha sentido alguna vez un sincero dolor por quien le ha hecho daño? ¿Recuerda haberse conmiserado de alguien que le haya herido u ofendido? Lo más probable es que no, pero es algo que se puede y debería lograr, por medio del perdón.