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La propuesta de las cinco regiones surgió tras el diálogo del lunes entre prefectos y Gobierno sobre el recorte del IDH.

Las regiones, a través del prefecto tarijeño Mario Cossío, proponen la siguiente estructura de recursos para pagar este beneficio: $us 50 millones provenientes de los dividendos de las empresas capitalizadas, $us 60,3 millones del erario público, $us 30,8 millones de los recursos departamentales —correspondiente a la coparticipación por el IEHD— y $us 60,7 millones de dólares del Fondo de Compensación, que debe financiar el Ejecutivo.

En total, el Gobierno requiere de $us 205 millones para financiar el pago de la renta Dignidad.

El Poder Ejecutivo encomendó al ministro de Hacienda, Luis Arce, analizar la estructura de los recursos propuestos por las prefecturas para pagar la renta Dignidad, beneficio que comenzará a concretarse a partir del 1 de febrero. El viernes, los prefectos recibirán una respuesta sobre el particular, según el ministro de la Presidencia, Ramón Quintana.

De acuerdo a la Prefectura de Tarija, una de las fuentes de financiamiento, para completar los recursos de la renta Dignidad, son los ingresos adicionales por el incremento en el precio internacional de los hidrocarburos que llega a $us 210 millones.

Un informe de YPFB señala que el 2007 el precio del gas que se exporta a Brasil (Sao Paulo), en el marco del contrato GSA, estaba en $us 3,7 el millón de BTU (Unidad Térmica Británica), y este año se empezó con $us 5,55 el millón de BTU. En cuanto al mercado argentino, el 2007 se comenzó a exportar a $us 5 el millón de BTU y ahora está en $us 6,98, casi 7 el millón de BTU.

Una segunda fuente de $us 100 millones proviene de la separación de líquidos. Una tercera, de $us 65 millones, del petróleo reconstituido (Recon) que no puede ser refinado en el país.

Una cuarta opción de $us 105 millones se da con la optimización de los gastos en el Presupuesto General de la Nación (PGN), liberando al menos el 1 por ciento. “Los gastos corrientes se han incrementado en 16 mil millones de bolivianos”, afirmó una fuente del equipo técnico, que requirió el anonimato.

Una quinta opción se refiere a la utilización de $us 37 millones que genera el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), situación que fue reconocida por el propio Ejecutivo. La sexta propuesta para completar el financiamiento de la renta Dignidad sugiere apelar a los $us 92 millones de utilidades que generan las Reservas Internacionales Netas (RIN). Una séptima fuente de financiamiento se refiere a utilizar los $us 116 millones del crédito otorgado al Estado por la CAF.

El ex ministro de Hidrocarburos Mauricio Medinacelli dijo a la red Bolivisión que vale la pena analizar la propuesta de las prefecturas desde un punto de vista de la sostenibilidad y si el Gobierno está dispuesto a ceder recursos para seguir financiando actividades de las prefecturas.