Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

Los informes señalan que los delincuentes emplearon viviendas abandonadas e incluso una capilla, donde guardaban los precursores. El nombre de la comunidad es Luzareta y lo llamativo del caso es que sus 120 habitantes (alrededor de 50 familias) conocían y participaban de la irregular actividad, motivados —según declararon— por dos de sus dirigentes.

Las autoridades que atendieron el caso dijeron que los equipos decomisados forman parte de lo que se conoce como una fábrica portátil, es decir, una que facilita la evacuación al saber que la Policía se aproxima a la zona. La provisión de la materia prima, o sea de la coca, se facilita en esa región debido a que, como todos saben, los mineros necesitan de la coca para trabajar durante sus agotadores jornadas. No obstante, la hoja no sólo servía para al acullico, sino que era desviada para su transformación, aún cuando llegaba al lugar para ser comercializada bajo normas de uso tradicional.

Se determinó, de igual manera, que la coca provenía del mercado de Villa Fátima de La Paz.

El propio Luis Cutipa, titular de la Dirección General de Coca e Industrialización (Digcoin) admitió la irregularidad, atribuyéndola a la falta de personal asignado en Potosí para realizar el respectivo control.

Pese a que los detallistas extraen la coca de los mercados legales, con los documentos correspondientes, el problema radica en la fiscalización de la distribución final de la hoja.

Las deficiencias y carencias con que trabajan las autoridades han revelado que el narcotráfico no sólo se las ingenia para burlar el control, sino que éste no existe en algunas regiones del país. En el caso concreto de Potosí, se observa que esta actividad está disputando territorios a la minería y está distorsionando el equilibrio salarial, pues está en condiciones de pagar los jornales más altos del país.