Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

Para ello, el viceministro de Transportes, Severino Osuna, informó que, tal cual se había previsto en el pasado, se exigirá la instalación de alarmas que alerten a los usuarios sobre el eventual exceso de velocidad.

La idea, que no es nueva, está contenida en el reglamento del Decreto Supremo 29293, que se aprobó en octubre del 2007, pero el Gobierno desistió en su aplicación luego de que los dueños de los buses se negaran a hacer una inversión de este tipo.

Luego de dos trágicos accidentes, el Viceministro de Transportes calculó que se requerirá por lo menos medio mes para que este sistema se instale en los vehículos, debido al costo que representa.

Sin embargo, ésta no debería ser una causa para demorar o sencillamente permitir que algunos se nieguen a colocar las alarmas, considerando que las vidas humanas que se pierden en los accidentes no tienen precio. Bastaría citar que entre el miércoles y jueves de la semana pasada 29 personas murieron y cerca de 40 resultaron heridas, en dos hechos de tránsito sucedidos en la vía a Copacabana.

Estos dos últimos incidentes alertan sobre el hecho de que los siniestros se producen, además, en los caminos interprovinciales. Esta afirmación que suena tan obvia pretende llamar la atención de las autoridades para que no olviden que este sector del autotransporte también requiere de fiscalización, y que no basta con detectores de velocidad en los buses y mayor control en las terminales de las ciudades capitales, sino que es preciso expandir el control y el cumplimiento de las normas en todas las zonas de alta circulación.

A eso se añade que el actual Código de Tránsito, que data de 1973, está obsoleto, por lo que es urgente actualizarlo con penas más severas y ejemplares. En efecto, la actual norma dispone que las penas económicas oscilan entre Bs 10 y 20 por cruzar la luz roja, y sólo Bs 200 por conducir ebrios.