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La Sentencia Constitucional 0007/2006, del 31 de enero del 2006, declara inconstitucional el Decreto 7755 y otorga dos años de plazo para subsanar los vicios de origen de la disposición legal, "bajo la conminatoria de que en caso de incumplimiento, la misma quedará expulsada del ordenamiento jurídico nacional, al vencimiento del término antes señalado".

Para el cumplimiento de esta exhortación, contenida en el punto tercero de la Sentencia Constitucional, se instruyó notificar al Poder Legislativo.

El recurso abstracto de inconstitucionalidad de los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 7755 fue presentado por Waldo Albarracín, defensor del Pueblo, porque éstos son "contrarios" a varios artículos de la Constitución Política del Estado.

Como consecuencia de la demanda, el Tribunal Constitucional emitió el fallo de inconstitucionalidad el 31 de enero, otorgando dos años de plazo para enmendar los vicios legales. Este plazo concluirá el 10 de febrero del 2008.

Un documento del departamento jurídico de las Fuerzas Armadas de la Nación (FFAA), al que tuvo acceso la ANF, sostiene que "desde el 11 de enero de 2008 (sic) no existirá ley alguna que obligue a los bolivianos a prestar su concurso para la Defensa, Desarrollo y Conservación de la Nación, y nuestras Fuerzas Armadas no tendrán ningún argumento jurídico valedero para exigir y hacer cumplir el servicio militar a los bolivianos". ANF