El Senado aprobó ayer, por mayoría, el proyecto de resolución camaral a través del cual se designa a la Comisión de Constitución como cabeza del Ministerio Público para la investigación de los seguimientos a políticos, periodistas, cívicos e incluso niños, “por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía”.
El Gobierno calificó la medida de política e ilegal. El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, comentó que el Senado “politiza esta investigación”. “Se desconoce, además, que el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley del Ministerio Público, pone como condición que el Senado puede hacerlo sólo si los hechos no están ya sometidos a la jurisdicción ordinaria. Y les recuerdo que el Ministerio Público inició una investigación de oficio”, señaló la autoridad.
La resolución encomienda también la investigación de la denuncia de supuesto “espionaje”, que lleva adelante el Gobierno en contra del funcionario de la Embajada de EEUU en Bolivia, Vincent Cooper, acusado de solicitar a un becario Fulbright que monitoree a cubanos y venezolanos y pide colaboración al Poder Ejecutivo y a la Policía.