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“No podemos hacer eso”, respondió a ev, cuando se le preguntó si el Gobierno podía garantizar que no utilizará el espionaje. Explicó que las labores de seguimiento de inteligencia son necesarias para garantizar la seguridad del Estado, aunque solamente en casos específicos.

“Mientras la actividad de algún dirigente político se circunscriba a lo que es la democracia, la legalidad, la preservación de la unidad nacional, mientras no haya algún tipo de actitudes o actos conspirativos, subversivos o de desestabilización por supuesto que sobre esa persona no tiene que haber ningún tipo de interés de los organismos de seguridad del Estado”.

Según Rada, el trabajo de los periodistas “nunca ha sido objeto de interés para la seguridad del Estado porque, por definición, un individuo no puede poner en riesgo la seguridad del Estado”.

El Congreso realiza una investigación sobre denuncias de espionaje a políticos y periodistas, además del caso de un funcionario de la Embajada de EEUU que habría pedido a ciudadanos civiles realizar esta actividad.

Rada hizo las declaraciones un día después de una reunión con el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, en la que se ratificó la disolución del Organismo para el Desarrollo de Estudios Policiales (ODEP), grupo policial que era parte de un organismo de inteligencia paralelo a la estructura oficial y que funcionaba con financiamiento estadounidense en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y que el último año recibió un aporte de 350 mil dólares, según un informe del Poder Ejecutivo.

La investigación para establecer la existencia de este grupo irregular se remonta a octubre del 2007, cuando se realizó un seguimiento a un parlamentario del MAS. “Empezamos a indagar y confirmamos la existencia de este grupo paralelo e irregular. Estaba haciendo tareas de inteligencia política. Ahí tomamos la decisión de disolverlo”, dijo Rada.

Ahora, el Gobierno se concentra en investigar a otros grupos policiales que actualmente brindan labores de seguridad a la Embajada de EEUU.

El ODEP causa una polémica

La reciente disolución del Organismo para el Desarrollo de Estudios Policiales (ODEP), ex Comando de Operaciones Especiales (Copes), dejará al país sin un organismo especializado para combatir contra las mafias de narcotraficantes y bandas de tratantes de blancas, advirtió el ex director de esta unidad especializada, mayor Miguel Ángel Rivera. El Gobierno no comparte esta versión.

El oficial de policía aseguró que el ODEP estaba compuesto por un grupo selecto de oficiales expertos en tareas de inteligencia y contrainteligencia y advirtió que tras su disolución, el Estado boliviano quedaría sin organismo especializado.

Sin embargo, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo que la visión del mayor Rivera no es correcta. “ODEP, desde nuestro punto de vista, sólo de manera formal, para mantener, preservar las formas, a manera de maquillaje, efectuaba supuestamente una labor de investigación antidroga. La FELCN tiene sus propias unidades de investigación antidrogas y va a seguir teniendo. En la reunión de ayer no se tocó el tema. La FELCN no necesitaba de una unidad externa”, aseguró el titular de Gobierno. El viernes, el Gobierno ratificó el cierre del ODEP y la Embajada de los EEUU anunció la suspensión de la ayuda económica que destinaba a esta oficina. La Razón y ANF

LA VERSIÓN DEL BECARIO

8 de febrero de 2008 • El becario John Alexander van Schaick en una declaración jurada que prestó en La Paz ante la notaria Marlene Cabrera afirma, citando a Vincet Cooper, funcionario de seguridad de la misión diplomática estadounidense, que “la Embajada de Estados Unidos alquila una sección (de) la Policía Nacional boliviana (...) es leal a los Estados Unidos”.