Dos fiscales se ocuparán en exclusiva del caso espionaje El Senado pidió al Ministerio Público que asigne un par de fiscales para la indagación de la persecución a políticos, niños y periodistas. Éste aceptó.
EL ACTO DE AYER • El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, y el jefe policial Miguel Vásquez conversan en la Academia.
El Senado, a través de la Comisión de Constitución, incorporó a dos fiscales del Ministerio Público con el fin de coordinar la investigación sobre el seguimiento a políticos, líderes cívicos, periodistas y niños. Se dio un plazo de tres semanas para tener los primeros resultados.
“En una conversación que tuve con el Fiscal General la anterior semana, solicitamos que el Ministerio Público designe un par de fiscales que acompañe el trabajo de la comisión (...) Alaín Canedo está como uno de los fiscales que está coordinando los trabajos de la comisión´, informó el senador Luis Vásquez, quien preside la Comisión de Constitución, y añadió que el otro fiscal será incluido una vez que finalice su baja médica.
El legislador aseveró que el objetivo de incorporar a la Fiscalía es que la pesquisa sea un proceso transparente, equilibrado y que “se pueda llegar claramente a conclusiones en un tiempo que no debe sobrepasar (...) de dos a tres semanas´.
La Comisión de Constitución encabeza la indagación sobre el seguimiento publicado en los medios de prensa que se realizó a políticos, cívicos, periodistas y hasta a niños. Vásquez lo calificó como “violación y supresión de garantías constitucionales basadas en principios de dignidad y libertad de las personas´.
Ayer, el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, aseveró que será la fiscal asignada a la investigación la que tipifique el delito y qué personas serán imputadas por el seguimiento. La anterior semana aseguró que éste no se consideraba delito.
Por otro lado, el senador comentó que habló con el presidente del Senado, Óscar Ortiz, para que se invite a la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), sindicatos de la prensa y a los colegios de abogados para que participen, sean testigos y garanticen todo el proceso de indagación.
Una de las primeras medidas que asumió la Comisión de Constitución fue convocar al ex director de Inteligencia, coronel José Luis Centellas, y al viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, para que presten sus declaraciones informativas.
“Ha llegado la hora de que el Ministerio de Gobierno empiece a colaborar con el Congreso y a dar los datos que el Congreso va a ir pidiendo sistemáticamente para aclarar esta situación´, manifestó el legislador.
Por su parte, el viceministro Gamarra respondió que se enteró por los medios de comunicación y que “con todo gusto vamos a hacernos presentes allá´.
´Es una situación anómala´
El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, aseveró ayer que la investigación asumida por el Senado es irregular porque al mismo tiempo define los ascensos y cita a los oficiales en concurso a declarar.
“La misma instancia senatorial toma declaraciones a un oficial, la misma instancia está a cargo de definir su ascenso. Es una situación anómala que nosotros esperamos que no se convierta en un chantaje o en digitar el tipo de declaraciones de este oficial´, afirmó Gamarra ayer tras concluir el acto de inauguración del año académico policial en la Anapol.
Asimismo, manifestó que esta decisión del Senado de indagar el seguimiento a políticos, cívicos, periodistas y niños “obedece claramente a una politización del tema por cuanto consideramos que el órgano competente para asumir esta investigación es la Fiscalía´.
Aclaró que el artículo 12 de la ley del Ministerio Público dice que el Senado puede ser cabeza de una investigación “siempre y cuando no se hubiese abierto el caso en la justicia ordinaria´; sin embargo, afirmó que este caso es totalmente diferente.
Gamarra expresó que de proseguir la pesquisa de la Comisión de Constitución del Senado, “técnica y teóricamente serían nulas todas las acciones que haga esta comisión´.
Glosario
Tipificación • Según el diccionario jurídico, resulta ser la descripción en la norma penal de la acción considerada delictiva. Es una acción concreta a la que se le asigna una pena o una sanción correspondiente.