La toma de Antofagasta
Ramiro Prudencio Lizón*

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Hace pocos días se ha conmemorado el 129 aniversario de la invasión de Antofagasta; acontecimiento que dio lugar a la Guerra del Pacífico y a la consiguiente pérdida de la cualidad marítima nacional.

Como se tiene conocimiento, en la madrugada del 14 de febrero de 1879, atracaron en el puerto de Antofagasta dos barcos chilenos de guerra, el Cochrane y el O’Higgins, los cuales, juntamente con el acorazado Blanco Encalada, que ya se encontraba en el sitio, determinaron la ocupación de la ciudad. De este modo, a las ocho de la mañana, arribaron a tierra varios contingentes de tropa de los tres navíos y tomaron todos los edificios públicos, dirigiéndose a la Prefectura del departamento para hacer entrega de una nota al prefecto, coronel Severino Zapata.

La nota en cuestión, firmada por el jefe chileno, coronel Emilio Sotomayor, decía lo siguiente: ´Considerando el Gobierno de Chile roto por parte de Bolivia el Tratado de 1874, me ordena tomar posesión con las fuerzas de mi mando del territorio comprendido en el grado 23. A fin de evitar todo incidente desgraciado espero que usted tomará todas las medidas necesarias para que nuestra posesión sea pacífica, contando usted con todas las garantías necesarias, como asimismo sus connacionales. Dios guarde a usted´.

Cabe señalar al respecto, que desde 1842, Chile había manifestado tener derechos en el territorio de Atacama hasta ese grado 23 de latitud sur. Por lo tanto, la acción encabezada por el coronel Sotomayor era una especie de recuperación de un territorio en disputa. Pero el litoral boliviano al norte de dicho grado, el contenido entre los grados 23 y 21,5, donde estaban los puertos de Cobija y Tocopilla, y la población interior de Calama, era reconocido por Chile de pertenencia absoluta de Bolivia. Ésta es una de las pruebas más pruebas más sólidas que tiene nuestro país de probar que siempre tuvo mar y que Chile así lo admitió.

Para que Chile pudiese avanzar más al norte era necesario que existiese una declaratoria oficial de guerra. Y no fue ese país sino Bolivia la que emitió un decreto interno que posteriormente se lo interpretó como una verdadera declaratoria de guerra. Este se publicó el 1º de marzo de ese año de 1879, donde disponía que ´queda cortado todo comercio y comunicación con la República de Chile mientras dure la guerra que ha promovido a Bolivia´. En él se determinaba, además, que todo ciudadano chileno debía desocupar el territorio nacional quedando sus propiedades confiscadas temporalmente.

El decreto de marzo, surgido al calor de la efervescencia popular que clamaba la guerra contra el usurpador de Antofagasta, fue el fundamento jurídico internacional para que Chile se considerase en estado de guerra y, así, conquistar el resto del territorio marítimo nacional.

El general Daza ya había provocado la ocupación de Antofagasta con su tesonera insistencia de cobrar un impuesto y luego en expropiar la compañía anglo chilena que explotaba el salitre en esa zona, sin tomar en cuenta que Chile sólo esperaba tener un motivo para apropiarse de ese territorio costero hasta el grado 23. Pero no contento con ello, emite ese gravísimo decreto que nos llevó a la guerra y a la consecuente pérdida de todo nuestro litoral.

Evidentemente, Daza no tenía interés en provocar la guerra, porque sabía que Bolivia no estaba en condiciones de enfrentar una campaña contra un país muy superior en recursos bélicos y que contaba con una poderosa marina. Pero como un aprendiz de brujo, sus bravuconadas desencadenaron el trágico conflicto que arrastró al Perú y que tuvo como resultado que Bolivia quedase encerrada en sus montañas.

En nuestro país se ha tratado de paliar la culpabilidad de Daza tanto en el desencadenamiento del conflicto como su actitud en la guerra. Pero sería conveniente que se revalúe nuestra historia para que las nuevas generaciones tengan una comprensión más cabal de ella. De este modo podrán juzgar mejor a los que han tenido la responsabilidad de la conducción del país; y ello, con el fin de que conozcan mejor quienes merecen el reconocimiento de la patria y quienes su repudio.

*Ramiro Prudencio Lizón
es diplomático e historiador.