Después del naufragio del diálogo entre el Gobierno y los prefectos, cuyas vicisitudes pusieron y ponen en evidencia las dificultades del proceso político decisional, los esfuerzos de concertación se encaminan al Parlamento. Adonde iban a arribar más temprano que tarde los acuerdos o los desencuentros porque los temas se encaminan a su dilucidación —preliminar— mediante consultas electorales. Estos vaivenes tienen que ver tanto con la voluntad de los personajes y sus cálculos estratégicos como con los rasgos que adquirió el escenario político desde el año pasado con la confluencia de gobierno dividido, división vertical de poderes y Asamblea Constituyente, en una suerte de ´combo´ que estuvo a punto de estallar en diciembre.
El MAS optó por modificar ese escenario con la aprobación del nuevo texto constitucional utilizando su mayoría y procedió a desafiar a los prefectos con el referéndum revocatorio para mitigar los conflictos regionales. En ambos casos, los pasos siguientes tenían forma de urna pero requerían —y requieren— de la aprobación congresal de las respectivas convocatorias. Sin embargo, en política no se juega en solitario y los hechos no siguen una secuencia lineal, más aún si la oposición es un haz de actores que
impiden que una decisión gubernamental obtenga respuestas similares y provoque efectos homogéneos; porque los adversarios prefecturales no actúan en consonancia con la oposición parlamentaria, y ambos son cuestionados o sobrepasados por la oposición cívica. Así las cosas, se produjo el diálogo con una inicial postura concertadora que no arribó a buen puerto debido a múltiples razones, entre las cuales resalta la presencia de ´duros´ y ´moderados´, con predominio de los que apuestan a la exacerbación del conflicto. Si ese fue un factor del fracaso, queda la duda respecto a la influencia de la palabra de Evo Morales en el accionar de su partido porque es evidente que solamente un decisionismo presidencial pudo —y puede— orientar las interacciones entre oficialismo y oposición(es) hacia puntos de convergencia.
Otro elemento que complicó el diálogo fue la agenda que incluyó la ´compatibilización´ del texto constitucional y los estatutos autonómicos, asunto en el cual aparecían involucrados (pero ausentes) otros actores, precisamente los partidos con representación parlamentaria y constituyente. Excepto el MAS, obviamente, pero algunos de sus miembros cuestionaron la iniciativa presidencial poniendo límites a la ´revisión´ del texto aprobado en diciembre. Análogamente, pero al margen del sistema de partidos, el comité cívico cruceño desahució la ´revisión´ al estatuto autonómico, posición que terminó imponiéndose en las filas de la oposición regional que retomó el tema de la capitalidad y planteó un impensable retorno a las deliberaciones en la Asamblea Constituyente.
Es decir, un intento de ordenar el proceso político desde uno de los escenarios —el regional— no alcanzó su objetivo, en parte debido a la prescindencia del espacio parlamentario que, ahora, aparece como un ámbito que tiene la ventaja de disponer de los resortes institucionales para concretar sus decisiones. Y la arena congresal presenta el signo de ´gobierno dividido´ debido a la ratificación del control opositor de la presidencia del Senado que puede resultar un factor de impulso a la concertación, habida cuenta que está en manos de Podemos, agrupación que aparece como la única fuerza capaz de tender puentes entre la oposición parlamentaria, prefectural y cívica. No es poca cosa, en estos días de búsqueda de acuerdos, más por miedos que convicciones.
*Fernando Mayorga es sociólogo.
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