Rentismo, limosnas y privilegios
Roberto Laserna*

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La Razón ha prestado merecida atención al tema del rentismo, contribuyendo decisivamente a la divulgación y al debate de un tema muy importante en el país. En un reciente editorial (10-2-2008) resaltó algo muy notable: el repudio de la gente al rentismo, comprendido como la entrega de bienes o dinero sin mayor justificativo, y el correspondiente respaldo a la idea de que “se debe trabajar en vez de recibir bonos de gracia”.

El dato es indudablemente relevante y merece ser tomado en cuenta en el debate que La Razón promueve y que varios profesionales hemos alentado con la propuesta de distribuir las rentas del gas entre todos los bolivianos mayores de 18 años. Lo que ese dato está haciendo es recoger la opinión explícita de las personas, pero ella puede o no coincidir con su pensamiento o con su comportamiento. Como dice el refrán, “del dicho al hecho, hay mucho trecho”.

Las encuestas de opinión también muestran que la gente respalda la Constitución, apoya el cobro de impuestos y está de acuerdo en que se respeten los semáforos. Y bien sabemos lo que ocurre en la realidad: sólo una reducida minoría paga impuestos, las leyes no se cumplen y hasta los gobernantes las consideran un estorbo, y los semáforos son un adorno peligroso para quien crea que regulan el tráfico vehicular.

Algo parecido sucede cuando se habla de rentismo. El repudio verbal de la gente no le impide participar de bloqueos de calles y caminos, de huelgas de todo tipo y de actos de presión para exigir del Estado obras, subsidios, aumentos de salarios o pensiones, servicios públicos o cualquier tipo de gasto que le permita acceder a una parte del presupuesto fiscal, especialmente porque proviene de la explotación de recursos naturales que se sabe que son de todos. Ese repudio al rentismo tampoco impide hacer los trámites y las colas para cobrar el Bonosol, el Juancito Pinto o la renta Dignidad, ni comprar gas o diesel subsidiados, aun cuando es bien conocido que una gran parte de los bolivianos, especialmente los más pobres, no se benefician con esos subsidios.

En esta disociación entre opinión y comportamiento no hay hipocresía o falsedad. Lo que hay es un problema de múltiples dimensiones que es difícil de comprender.

En la opinión pública se confunde rentismo con limosna o como un acceso inmerecido a recursos. Al mismo tiempo hay la convicción de que los recursos naturales pertenecen a todos y deben beneficiar a todos. Y, finalmente, la experiencia dice que el Estado, a quien se le ha otorgado la responsabilidad de garantizar que eso ocurra, solamente atiende a quienes tienen influencias o a quienes son capaces de presionarlo. Tres ideas que se contraponen y crean esa confusión.

La propuesta de distribuir las rentas de los recursos naturales a toda la población apunta a remover las condiciones que han hecho de las rentas naturales más una fuente de problemas que de soluciones.

La idea de la distribución directa se basa en el principio legal y político que compartimos los bolivianos de que los recursos naturales pertenecen a todos y a todos debe beneficiar su explotación. Pero recoge también propia experiencia histórica, que no es sólo boliviana, de que ese principio no se cumple y que esas riquezas no llegan a todos sino que más bien son despilfarradas o benefician a pocos.

De acuerdo con el principio legal y político de la propiedad común que tenemos los bolivianos sobre nuestros recursos, no corresponde calificar como limosna lo que en realidad es un derecho. Tampoco corresponde argumentar que recibir una parte de la renta del gas es inmerecido. Lo verdaderamente inmerecido es que ese dinero se acumule en las arcas fiscales y sea puesto a disposición de burócratas y políticos que lo gastan y malgastan como si ellos hubieran hecho algún merecimiento para disponer de recursos que son de todos.

Y si son de todos, la única manera de que sus beneficios lleguen efectivamente a todos es mediante la distribución directa y en efectivo.

El proverbio chino que cita La Razón, de que “es mejor recibir la caña de pescar que el pescado para comer”, es cierto. Pero han pasado siglos desde que lo formularon y hoy resulta que incluso mejor que la caña es recibir dinero y poder decidir su compra para pescar, o para unirse a otros y comprar una red o un bote, o para decidir que en vez de pescar es preferible criar gallinas, tejer alfombras o reparar celulares.

Cuando planteamos la propuesta de la distribución nos referimos a ella como “capital semilla” en la certeza de que la mayor parte de los bolivianos utilizaría su parte de la renta como una palanca para mejorar sus condiciones de producción y el consumo de sus familias que son, qué duda cabe, el más preciado capital del país, como bien lo saben los padres y los abuelos de este país.

La distribución incondicional de las rentas naturales a todos los ciudadanos, como un derecho, impediría la creación arbitraria de bonos, subsidios, condonaciones y otros privilegios que se otorgan bajo presión o con fines políticos y que, con justa razón, son repudiados. Por lo menos por quienes no los disfrutan.

*Roberto Laserna
es analista político
de Participación y Justicia.