La reunión en Buenos Aires, que se celebró el 25 de febrero, ha sido activamente promovida por nuestro gobierno y respaldada por el argentino. En este período preparatorio se ha tratado de crear la imagen, por algún motivo extraña, de que la producción boliviana, tal como lo admitió su gobierno, no será suficiente para cumplir con los compromisos de provisión adquiridos con Argentina y Brasil. En tal sentido, se hacía necesaria una reunión política de los tres países al máximo nivel, para que imbuidos del tradicional espíritu de solidaridad y confraternidad, puedan acordar una solución a esa calamidad. Nada más alejado de la realidad. Lo verdadero es que Bolivia no ha podido reactivar su industria después de la llamada ´nacionalización´.
El presidente Lula da Silva, que concurrió a la cita con unos días de anticipación, describió perfectamente la situación con la siguiente frase en su intervención ante el Congreso argentino: ´No tenemos el gas... Algunos que lo tienen no lo explotan como deberían´.
En cuanto al pedido de solidaridad de disminuir la adquisición de gas boliviano, es muy probable que Brasil expresara que ya lo está haciendo. Cuiabá, cuya electricidad era generada con gas, no obstante haber mejorado el precio y equiparado con el del contrato a YPFB-Petrobras, denominado el GSA, hace meses que no recibe gas boliviano. Adicionalmente, las entregas a Comgas en Sao Paulo, al margen del GSA, para dar servicio a extensiones de la red de distribución, también han sido suprimidas por Bolivia. En síntesis, Brasil circunscribe sus compras a los volúmenes a los que se ha comprometido con el GSA. Para concluir, Brasil no poseía la menor intención de exponerse a déficits de energía por falta de gas boliviano, al que tenía derecho por el contrato GSA e inclusive por la prioridad que el contrato YPFB-Enarsa le asignaba en su cláusula 3.8.
La observación de que la falta de gas es fruto del manejo de la política petrolera de los que cuentan con reservas y no logran ponerlas en producción oportuna, no deja de tener un tono de reproche, dirigido en primera instancia a la Argentina y después a nosotros.
Argentina, tiene varias cuencas de gas a desarrollar; con base en ello, a fines del siglo pasado las compañías petroleras que operan en ese país celebraron varios contratos de provisión de gas con compañías chilenas y construyeron cuatro gasoductos. El 2003, el Gobierno argentino adoptó una serie de medidas económicas que generaron un proceso que continúa en marcha: aumento acelerado de la demanda interna, parálisis en la perforación de pozos gasíferos y disminución acelerada de reservas probadas. Los resultados son cada día más dramáticos, se anticipan severos cortes en invierno y la exportación a Chile prácticamente ha desaparecido. Por tanto, se recurrió a la firma de un contrato a largo plazo con Bolivia, con un acelerado programa de entregas.
Desde fines del 2003, la industria petrolera boliviana ha empezado a disminuir su actividad, como resultado de la incertidumbre causada por el confuso panorama político. La firma de nuevos contratos petroleros y el acuerdo con Argentina, la empezaron a disipar pero ha retornado con el proyecto de nueva Constitución, que pone en duda los contratos firmados y establece beneficios y prerrogativas para los pueblos originarios, difíciles de cumplir.
Por estas nuevas dudas, y como los contratos no especifican inversiones obligatorias, el año pasado la actividad ha permitido cumplir con el GSA. A la Argentina se enviaron sólo excedentes. No le hemos cumplido ni un solo día. Inclusive tenemos dificultades para nuestro abastecimiento interno.
Todo eso se conocía en Buenos Aires. Como un inicio de solución, se ha presentado la inversión acordada de $us 1.600 millones para este año. Ha debido ser cortésmente escuchada, pero considerada insuficiente. Inversión no es todo, resultados son los que cuentan. Al igual que los contratos actuales, los anteriores no especificaban inversiones una vez pasado el período de exploración; pero para exportación en los contratos de riesgo compartido se instituyeron los contratos back to back, que hacían a las compañías productoras corresponsables de cumplir los compromisos de exportación. En líneas simples, los contratos back to back eran firmados por cada una de las compañías a las cuales YPFB, como agregador, le había asignado un volumen de exportación. Esa compañía se comprometía a entregar el volumen asignado en forma oportuna en cantidad y calidad. Si esto no sucedía, causando una penalidad a YPFB, la compañía resarcía del daño a YPFB.
Por esta razón, Bolivia ha cumplido y cumple el GSA. Para cumplir el contrato con la Argentina, el calendario de entregas deberá ser reformado y algún compromiso como el contrato back to back, tendrá que diseñarse. Eso requerirá un fino trabajo político, para coordinar con la nueva Constitución que se pretende aprobar.
*Carlos Miranda P. es ingeniero petrolero.
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