Tras la decisión del Consejo Nacional Democrático (Conalde), el Gobierno aún analiza una posición; sin embargo, los masistas advirtieron que la convocatoria al desacato es un delito que debe ser sancionado y emplazan a los prefectos a que resuelvan sus diferencias en las urnas.
El vocero Álex Contreras informó anoche que el Gobierno sostenía una reunión de análisis y prefirió no hacer comentarios.
Sin embargo, los jefes de las bancadas masistas adelantaron que los prefectos ingresaron a la ilegalidad y que, por tanto, deben ser procesados por la justicia.
El Conalde, conformado por los líderes de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba, decidió ayer desconocer la condición democrática del Gobierno luego de que el oficialismo convocara a dos referendos constitucionales. Lo que implica, según el prefecto pandino Leopoldo Fernández, el desacato a las resoluciones que emanaron del Poder Ejecutivo para llamar a los referendos.
Ayer por la mañana, el presidente Evo Morales dijo que “desde el momento que se plantea desobediencia civil, desacato, es antidemocrático, no hay por qué tener miedo al pueblo; si no hay acuerdos políticos, pues qué mejor que el pueblo decida”.
El vicepresidente Álvaro García Linera, en la gubernamental radio Patria Nueva, pidió a los prefectos reflexionar porque “no pueden de manera impune seguir moviéndose al margen de la ley, no se puede ser impunemente ilegal, no se puede ser impunemente inconstitucional, tarde o temprano las ilegalidades y las inconstitucionalidades se pagan ante la ley, ante la historia”.
Tras conocer la decisión del Conalde, el jefe de bancada del MAS en el Senado, Félix Rojas, señaló que “esa es una posición abusiva... el desacato es un delito tipificado en el ordenamiento jurídico en el Código Penal, de modo tal que será en ese ámbito en el que tendrá que definirse”.
Su colega y correligionario en Diputados, César Navarro, indicó que “es una confirmación de lo que estaban buscando... porque es un bloque conspirador contra la democracia, contra el Presidente, contra el proceso de cambio, contra el país”.
El dirigente de los cocaleros del Chapare, Julio Salazar, señaló que “el desacato será de algunas familias, de esas logias... nosotros los vamos a enfrentar con la socialización del texto constitucional y no vamos a aceptar ninguna modificación a nuestra Constitución”.
Empresarios exigen medidas
Tras la invitación a dialogar del presidente Evo Morales, los empresarios condicionaron su asistencia a la toma de decisiones el mismo día de la reunión y anunciaron que le pedirán la restitución de las libertades económicas, garantizando la exportación de sus productos.
La Federación de Asociaciones Municipales (FAM) analizará la convocatoria en una reunión que se dará hasta el viernes, tomando en cuenta el fracaso de otros encuentros.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Gabriel Dabdoub, señaló que “no necesitamos más reuniones, necesitamos decisiones; si el Presidente (Morales) se compromete a tomar una decisión en el momento de la reunión, estaríamos gustosos de ir”.
El presidente de la FAM, Luis Revilla, señaló que se reunirán “para analizar el conjunto de la situación del país, lo que habíamos avanzado con el Gobierno para incorporar nuestra propuesta en el texto constitucional que ha quedado truncado”.
LAS ACCIONES
Fiscalía • El jefe de bancada del MAS en el Senado convocó al Ministerio Público a que actúe de oficio contra los que promueven el desacato a la Constitución y a las leyes.
Institucionalidad • César Navarro, jefe de bancada en Diputados del MAS, dijo que se responderá con la “institucionalidad democrática que tenemos en el país”.
Campaña • El líder de los cocaleros del Chapare, Julio Salazar, señaló que seguirán con su campaña para que se apruebe el proyecto de Constitución en el referéndum del 4 de mayo.