La maldición de los recursos naturales
Xavier Sala i Martin*

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A partir de este momento quedan nacionalizados todos los hidrocarburos. Se acabó el saqueo de los recursos naturales por parte de las empresas internacionales. El petróleo y el gas natural pasan a ser propiedad de los bolivianos´, dijo Evo Morales Ayma, presidente de Bolivia, el 1 de mayo del año 2006.

Con estas tajantes palabras, el líder del Movimiento al Socialismo presentó el Decreto Supremo 28701 de nacionalización, al tiempo que ordenaba a las fuerzas armadas que ´tomaran´ las multinacionales. Quizá pueda sorprender el odio a lo extranjero que destilan las palabras y las acciones de Morales, pero no hay que olvidar que los indígenas de Bolivia han sido explotados y discriminados sistemáticamente desde que los invasores españoles llegaron a América hace cinco siglos. No en vano Evo Morales es el primer presidente indígena de la historia de Bolivia.

Ahora bien, que las mayorías indígenas hayan sido explotadas por las minorías españolas no implica que la expropiación de empresas sea deseable. No porque me importe el dinero de las multinacionales, sino porque no conseguirá mejorar la situación económica de los ciudadanos.

Tiene razón Evo Morales cuando afirma que los recursos naturales son de los bolivianos. De eso no debe haber (y me parece no hay) ninguna duda. Pero eso no quiere decir que las empresas que los han estado extrayendo estén saqueando el país. Que se sepa, las empresas como Repsol están comprando (repito, comprando) el derecho de explotación y lo están haciendo a un precio que acordaron con el Gobierno de Bolivia. No era el gobierno de Morales, pero era un gobierno tan democrático y tan legítimo como el suyo. Es posible que el precio no sea el que el actual Presidente cree que es justo. Si es así, lo que debería hacer no es expropiar, sino renegociar los contratos de acuerdo con la legislación internacional.

Que los recursos sean de los bolivianos tampoco quiere decir que deban ser extraídos por empresas públicas. Digan lo que digan los demagogos europeos (como el intelectualoide francés Ignacio Ramonet) que tanta influencia tienen en América Latina, las empresas públicas no funcionan ni en Europa ni en Latinoamérica. De hecho, sabemos que no funcionan en Bolivia porque Bolivia ya nacionalizó el petróleo en 1937 expropiando a Standard Oil y, cuando vio que el sector público no conseguía producir nada, tuvo que privatizar. Y volvió a nacionalizar en 1969 (esta vez fue la Gulf Oil) y el correspondiente fracaso llevó a la privatización de 1996. Y se dirá lo que se quiera sobre las privatizaciones de los noventa, pero lo cierto es que no sólo aumentaron la productividad, sino que fueron esas empresas las que descubrieron las reservas de gas natural que ahora se quieren expropiar.

Bolivia necesita tecnología extranjera. Sin ella, no sólo no podrá extraer el gas de su subsuelo sino que no podrá desarrollar su economía. Cierto: el Gobierno debe asegurarse de que las empresas cumplen la ley. Pero si éstas la cumplen, expropiarlas ahuyentará la inversión exterior y los más perjudicados no serán los accionistas de España, sino los consumidores bolivianos, que se pueden quedar sin teléfonos, sin ordenadores, sin maquinaria industrial y sin posibilidad de progresar.

Finalmente, que los bolivianos sean los propietarios de los hidrocarburos no quiere decir que el Gobierno deba ser el destinatario de los ingresos que éstos generan. Es sabido que los recursos naturales tienden a arruinar a los países que los tienen, ya que, al ser fáciles de robar, generan peleas y corrupción entre los políticos que intentan apropiarse de ellos. Bolivia todavía está a tiempo de evitar esta maldición de recursos naturales que afecta a tantos países pobres. Para ello, el Gobierno de Evo Morales podría tomarse en serio su propio discurso y ejecutar la propuesta de dar a los bolivianos lo que es de los bolivianos. Es decir, en lugar de quedarse él (y sus ministros) con el dinero de la venta y explotación de los recursos, que lo reparta entre la ciudadanía: que cada año, todos los bolivianos reciban en una cuenta corriente la parte que le corresponda del dinero generado por la venta de gas. Esta propuesta no es una locura: ya hay la experiencia del programa Bono Solidario Bonosol reconvertido ahora en Renta Dignidad. El Estado debería generalizar este sistema a toda la riqueza del gas y a toda la población. Además de permitir que las madres escolaricen a sus hijos, inviertan en sus negocios o gasten el dinero libremente, eso evitaría que una parte importante de la riqueza acabara en Suiza. Si, una vez distribuido, el Gobierno quiere recursos para financiar obras públicas, que ponga impuestos como todo el mundo. Al menos de esta manera los ciudadanos sabrán lo que se saca de los hidrocarburos... y lo que malgastan sus dirigentes.

Resumiendo: hacerse el machote y expropiar a las transnacionales puede dar muchos votos en la Latinoamérica populista de principios del siglo XXI, pero es una estrategia que no va a traer nada bueno. Bolivia debe buscar un equilibrio entre la justicia (es decir, unos ingresos razonables por la venta de hidrocarburos) y la eficiencia (que las condiciones impuestas no ahuyenten a unas empresas con las que el Estado boliviano debe colaborar). Una vez encontrado el equilibrio, que el presidente Morales demuestre que realmente defiende a los bolivianos, renuncie a los ingresos derivados y reparta el dinero entre los ciudadanos. Eso contribuirá a evitar... la maldición de recursos naturales.

*Xavier Sala i Martin
es español, enseña en la Universidad de Columbia en Nueva York y es presidente de la Fundación Umbele.