• TRASLADO • El 26 de febrero, efectivos de la UTOP llevaron los cadávares a un hospital.

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El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel José Copa, dijo que de extraña manera los reportes médicos y de personal aseguran que los policías debían estar en sus domicilios y no así en el trabajo.

Informó detalladamente que el sargento Willy Alberto Álvarez Cuevas, destinado a trabajar desde el 15 de enero en la cárcel de El Abra, como parte del grupo de seguridad del centro penitenciario, se encontraba ese martes 26 de febrero con baja médica otorgada por el traumatólogo Mario Rivera, quien habría ordenado descanso domiciliario desde el 1 de febrero hasta el 28 por un traumatismo ortopédico.

Asimismo, el policía Eloy Vidal Yupanqui Flores, destinado al Organismo Operativo de Tránsito el 15 de enero, también estaba de baja. El mismo galeno ordenó reposo desde el 20 de febrero hasta el 26 del mismo mes.

El caso del cabo Wálter Ávila Fernández es similar. Estaba destinado a trabajar desde el 6 de marzo del pasado año a 12 kilómetros de Epizana, en la dirección cantonal de Chillijchi, él cumplió su servicio del 17 de febrero al 24, por lo tanto el martes 26 se encontraba de descanso.

De acuerdo al informe preliminar, el martes 26, el cabo Martín Mamani Quispe, efectivo de la Policía Caminera, informó que a las 21.30 arribó al retén de control de Epizana el vehículo blanco, marca Toyota con placa de control 1292-RRE, conducido por el policía Eloy Yupanqui, acompañado por el sargento Willy Álvarez y por el policía Wálter Ávila Fernández, quienes indicaron que iban a trabajar.

Según Mamani, los efectivos no portaban orden ni memorándum de destino para el retén de Epizana. “Por lo tanto, es una total medida arbitraria en el cumplimiento de trabajo que definitivamente está al margen del reglamento”, aseguró Copa.

Al ser consultado sobre las denuncias de extorsión que indicaban el cobro de Bs 700 por semana para ser entregados al Comando, Copa aseveró que las personas que se han sentido extorsionadas están en todo su derecho a interponer la denuncia.

La autoridad aseguró que luchará contra el crimen y contra la corrupción y que él se someterá a investigaciones correspondientes. Redacción Cochabamba

El Gobierno alista un decreto

El Gobierno, a través del Viceministerio de Justicia Comunitaria, alista un decreto que permitirá crear cuatro consejos de administración de justicia indígena originaria para controlar y castigar a quienes cometan algún tipo de delito.

El viceministro de Justicia Comunitaria, Valentín Ticona, informó que los cuatro consejos serán “Qollanasuyu, Guaraní, Chiquitanía y Amazonía” y se encargarán de corregir hechos delictivos, sancionarlos y fortalecer la estructura de la justicia comunitaria.

Los consejos estarán compuestos por las organizaciones indígenas originarias como la CIDOB, CSUTCB, CSCB, FNMC-BS quienes serán la máxima instancia donde acuda una víctima y quien haya cometido una falta.

La autoridad de gobierno explicó que actualmente se realiza el decreto con otras autoridades y que en un lapso máximo de dos meses estará listo. Dijo que a partir del 21 de junio saldrá la convocatoria para la conformación de los cuatro consejos.

Esas instancias acatarán lo que dice la justicia comunitaria, la cual respeta la vida y no asume la pena de muerte como sanción. Acatarán como castigo máximo la expulsión de la comunidad.