Narcoguerrilla colombiana
José Gramunt de Moragas, S.J.*

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La muerte del segundo jefe de la guerrilla colombiana, Raúl Reyes (nombre de guerra), como consecuencia de un bombardeo de la aviación militar colombiana sobre un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, tiene alarmada a la región andina. Ecuador ha protestado retirando su embajador en Bogotá y enviando tropas a la frontera con Colombia. No podía faltar la bravucona reacción de Hugo Chávez que ha desplegado unidades acorazadas. A este vidrioso lenguaje diplomático hay que añadir el hecho de que la computadora de Reyes contenía documentos que comprometen al Gobierno del presidente ecuatoriano Rafael Correa sobre posibles contactos con las FARC. Los vínculos de la narcoguerrilla con Chávez son evidentes. Por ejemplo, los campamentos terroristas en territorio venezolano, la concesión de la ciudadanía venezolana a subversivos colombianos, la donación de $us 300 millones a la banda armada y otras pruebas que le comprometen.

El caso plantea el peliagudo problema sobre la inviolabilidad del espacio territorial, marítimo y aéreo de un Estado. ¿Hasta qué punto es tolerable que tropas colombianas ingresen en territorio ecuatoriano? Ante todo reconozcamos una jerarquía de derechos en el campo internacional. Un derecho anterior y preferencial a la soberanía sobre el territorio nacional es el de la defensa de los derechos a la vida y a la seguridad de las personas de un determinado Estado. Si estos derechos primarios son violados por terroristas protegidos por el otro Estado, el injusto agresor puede éticamente ser reprimido por los medios proporcionados y eficaces para evitar los graves daños a la vida y propiedades de la nación que es víctima de dicha agresión. Incluso se justifica el ataque preventivo antes de que el enemigo pueda consumar sus planes criminales. Es el derecho a la legítima defensa que Colombia arguye ante la existencia de un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano. Lo mismo podría decirse de Venezuela. Sólo que la actitud del Presidente ecuatoriano no hace pensar en que llegue a la confrontación bélica.

Estos hechos coinciden con la liberación de rehenes tramitada por el presidente Chávez, gracias a sus buenas relaciones con Manuel Marulanda (Tiro Fijo), lo cual había creado una reputación humanitaria de Chávez, justo cuando su popularidad en su propio país está en baja por la derrota del referéndum para aprobar una nueva Constitución. La muerte del jefe guerrillero, Raúl Reyes, y la documentación capturada por el Ejército colombiano, ha significado para Chávez un tiro por la culata en su afán de ganar protagonismo internacional y porque aspira a hegemonizar la región andina.

No puedo olvidar pasados intentos de vincular a Bolivia con una aventura terrorista de dimensión regional. Por esto es necesario que algunos personajes del Gobierno abandonen cualquier parentesco ideológico con la narcoguerrilla colombiana. Nos tranquilizan las

declaraciones de la Cancillería boliviana abogando por la paz y la observancia de las normas fundamentales del Derecho Internacional.

*José Gramunt
es sacerdote jesuita y director de ANF.