Sí a las urnas, no a las armas
Francisco Aramayo*

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El contexto de la situación boliviana actual contiene dos procesos; el proceso de inclusión indígena y el proceso de autonomías. Hoy, todos los reconocen como dos procesos genuinos, legítimos y apoyados por millones de ciudadanos. A nadie ya medianamente serio se le ocurre pensar que son pequeñas cúpulas de oligarcas o de cocaleros, las únicas interesadas en estos procesos. Estos procesos son estructurales vienen de muy lejos, están muy enraizados y se puede decir que de ellos depende la modernización definitiva del país y su consolidación como nación.

Lo que sí se puede decir es que esos dos procesos por definición complementarios, han sido convertidos en propuestas políticas antagónicas y fungen como locomotoras contrapuestas y veloces que conducen al país a una confrontación civil.

Quién podría negar la evidencia de que la Asamblea Constituyente fue bloqueada sistemáticamente por intereses antagónicos para llevarla al fracaso y después echarle la culpa al Gobierno y desgastarlo. O quién podría negar que la Asamblea Constituyente fue manipulada sistemáticamente desde el Gobierno para legitimar su proyecto hegemónico.

En el escenario del diálogo Presidente-prefectos, el discurso de la legalidad y la posición de volver al vicio más antiguo expresaron claramente una estrategia de bloqueo y el discurso de la legitimidad y la posición de que no se toca el texto de la Constituyente o que decida directamente el soberano con el voto, expresó una estrategia de imposición.

Ni siquiera las partes han llegado a la etapa del reconocimiento mutuo, aceptando que ni los déficits legales o de legitimidad que puedan tener tanto la Constitución como el estatuto, eran suficientes como para romper el diálogo.

Las cúpulas dirigenciales de ambos polos (oficialistas y opositores) se otorgan un derecho irracional a la radicalidad y a la polarización, prisioneros del resentimiento refuerzan el desarrollo de discursos regionalistas, economicistas, racistas, clasistas y hasta las últimas consecuencias.

Probablemente estas cúpulas sacan su derecho a la confrontación de la interpretación de algunas posiciones de la población misma. En varias encuestas, el 84% de la población se posiciona radicalmente en una visión extrema, en una posición guerrera sea con un polo o con el otro. Sin embargo, que esas cúpulas no se equivoquen, porque en las mismas encuestas el mismo 84% de la población expresa al mismo tiempo su preferencia por una salida democrática y negociada. Eso sólo se puede interpretar como que en este momento esa población quiere confrontación sí, pero electoral, no violenta ni armada. En esa línea de interpretación, claramente la mayoría de la población en Bolivia esta diciendo sí a las urnas y no a las armas.

“Las cúpulas dirigenciales (oficialistas y opositoras) se otorgan un derecho irracional a la radicalidad y a la polarización”.

*Francisco Aramayo
es analista político.