Las autoridades y dirigentes cívicos de Tarija iniciaron ayer el proceso de discusión y aprobación de su estatuto autonómico, documento que una vez que sea aprobado permitirá tomar una posición sobre la fecha de convocatoria al referéndum en el que será sometido al soberano.
La Asamblea Provisional Autonómica, presidida por el prefecto Mario Cossío, sesiona con el objetivo de aprobar el documento redactado, según informó el asesor prefectural, Adrián Oliva, sobre la base de aportes de diferentes personas e instituciones de la ciudad y del área rural.
“Hasta el momento se ha escuchado la voz de un conjunto de fuerzas políticas de diferentes actores que expresan la
pluralidad que hay en el departamento y que hacen de este proceso una construcción de afianzamiento de nuestra democracia departamental”, señaló.
La fecha de la consulta ciudadana sobre el estatuto autonómico se definirá una vez que concluya la aprobación del documento, que no tiene plazos porque, explicó, dependerá del ritmo de trabajo que impriman los asambleístas, reunidos desde ayer en salones de la Prefectura.
Junto a Tarija, las autoridades cívicas y prefecturales de Pando, Beni y Santa Cruz aceleran sus referendos para los estatutos autonómicos. Chuquisaca decidió ayer llamar a su consulta autonómica para el 27 de abril.
El último miércoles, la dirigente cívica Ximena Galarza anunció que se decidió prohibir al presidente Evo Morales el ingreso a este departamento.
Acusan al prefecto Cossío
Un grupo de sectores sociales, liderado por el senador masista Jaime Ramírez, denunció que el prefecto Mario Cossío está en afanes conspirativos y formando grupos irregulares. El asesor prefectural, Adrián Oliva, rechazó las denuncias y las atribuyó a una “campaña política”.
Según Ramírez, desde la Prefectura se apoya la formación del denominado Movimiento Montoneros Chapacos de Uriondo. Su fin, aseguró, es “sembrar el terror en el pueblo de Tarija”. Sustentó su denuncia en una carta de respuesta de Cossío a una nota enviada por este grupo, la que —según señaló Oliva— sólo destacaba “la voluntad de diálogo departamental”.
El asesor prefectural calificó de “irresponsables y sin sentido” las denuncias de Ramírez, quien anunció que convocarán al Congreso al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, para que informe sobre estos grupos irregulares.