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Esta disposición no toma en cuenta la Ley 1182 del 17 de septiembre de 1990, todavía en vigencia, que en su artículo 13 establece que “las remuneraciones a empleados y trabajadores serán establecidas entre las partes”, subraya el documento.

El decreto fue lanzado por el Ejecutivo el pasado miércoles e indica que “el incremento salarial en el sector privado para la gestión 2008 será acordado entre los sectores patronal y laboral sobre la base de un aumento del diez por ciento (10 por ciento) en la remuneración básica".

El gerente general de la CNI, Gerardo Velasco, advirtió que “la negociación del salario debe darse entre empleadores y empleados y en cada una de las unidades productivas, porque cada una tiene su particularidad, su entorno y su propio mercado”.

Le recordó al presidente Evo Morales que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE), su atribución es ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo decretos y órdenes sin definir privativamente derechos, ni alterar los definidos por ley y no contrariar sus disposiciones, guardando las restricciones consignadas en la CPE.

Según las normas vigentes, ningún decreto puede modificar una ley y menos determinar una base mínima de incremento salarial, subraya el documento.

Indica que si bien el Gobierno tiene plena potestad para establecer incrementos salariales en el sector público, no tiene competencias para imponer porcentajes mínimos de incremento en el sector privado.