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“Están en cautiverio, viven como esclavos”, dijo Justo Molina, presidente del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, departamento de Bolivia donde hay unas 17.000 personas de ese origen. El viceministro boliviano de tierras, Alejandro Almaraz, explicó que en realidad no era esclavitud sino “servidumbre”, una explotación presente en toda la historia boliviana pero que, según dijo, está en proceso de exterminación por el Gobierno.

Esas comunidades trabajan más de ocho horas al día, con todos los miembros de la familia, incluso niños, pero no reciben un salario, explicó Almaraz a reporteros después de una audiencia ante la CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA). “A cambio de su trabajo reciben parte de un salario irregular, cada tres o cuatro meses, así como especies, alimentos y jabón”, explicó. “El patrón les permite eventualmente sembrar para su subsistencia un pedazo pequeño de tierra que nunca deja de ser del patrón”.

Molina declaró que las personas en cautiverio no tienen derecho a salir de la hacienda y que quienes se oponían a esa situación —como él— sufrían “graves amenazas”, incluso contra la vida. Washington, AP

COMUNIDADES CAUTIVAS

Diagnóstico • El Estado boliviano reconoce, desde mayo del 2005, la existencia de “comunidades cautivas”, como las que denunció Molina ante la comisión de la OEA.

Futuro • Según el viceministro Almaraz, el Gobierno actual se ha impuesto la meta de acabar con ellas antes del 2011, cuando el presidente Evo Morales concluirá su mandato.