Soluciones a la crisis
María Teresa Zegada*

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Aparentemente, las posibilidades de encontrar soluciones concertadas a la crisis habrían fraguado. En primer lugar, la Asamblea Constituyente, cuyo derrotero apresurado y cuestionado por quienes no se ven representados en el nuevo texto, le resta legitimidad y sostenibilidad. Por otra parte, los intentos de diálogo como la Comisión Suprapartidaria el pasado año, o la reunión entre el Presidente de la República y los prefectos, y finalmente la decisión tanto del gobierno central como de las regiones de depositar en el “soberano” la resolución de la crisis por la vía de los referendos, tampoco es ni será una solución a la misma.

Actualmente parecemos encontrarnos en un callejón sin salida, entre dos consignas políticas que determinan el comportamiento general: o la Constitución o las autonomías, trivializando el debate, cercenando la posibilidad a los ciudadanos de informarse y asumir decisiones y conduciendo a posiciones irrevisables. Afortunadamente, la decisión de la CNE de suspender todos los referendos abre un espacio para replantearse estas estrategias suma-cero y la posibilidad de reabrir un proceso de concertación.

Es obvio que en este diálogo, por la dimensión de la crisis, deben estar presentes todos los actores estratégicos y con capacidad de poder y decisión del país (partidos, movimientos sociales, gobierno, prefecturas, municipios). Pero más importante que la lista de participantes es la agenda. El fracaso de los intentos previos fue establecer agendas en base a posiciones políticas predeterminadas antes que en base a las apremiantes necesidades nacionales.

Diseñar una agenda implica replantear los temas estructurales del país que básicamente son: a) un nuevo Estado más incluyente (de naciones y pueblos indígenas), b) un nuevo ordenamiento territorial (autonomías), c) la ampliación de la democracia (ajustes que mejoren el sistema de representación política y participación), d) la ampliación de los derechos (individuales y colectivos), e) una rediscusión del modelo económico. Para el MAS significa darse cuenta de que no puede imponer unilateralmente un proceso a su medida; para las regiones y la oposición significa encauzar sus demandas y posiciones a través de un proceso integral, que abarque al país y no solamente en función de intereses particulares. En otras palabras, si queremos dialogar con condiciones, como hasta ahora, perderemos quizás una última opción racional de hallar soluciones.

Es necesario priorizar la agenda, una agenda real e integradora para buscar alternativas, así éstas impliquen dejar de lado el texto constitucional propuesto y encaminar un nuevo proceso constituyente, y/o detener el avance “por cuenta propia” realizado en torno a las autonomías. Como están las cosas, sólo un cambio de rumbo en la lógica de los actores puede viabilizar una salida democrática.

Por último, más allá de los avatares de estos últimos meses, una lección absolutamente contundente de la coyuntura es que, si reivindicamos la democracia —como lo hacen aparentemente todos—, no se puede actuar de manera arbitraria, antojadiza, cortoplazista o a conveniencia. Es otro de los errores políticos que, más temprano que tarde, ha revelado sus limitaciones.

*María Teresa Zegada
es socióloga.