Separatismo o unidad
Carlos Tórrez Guarachi*

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Nadie vio con indiferencia el conflicto Colombia-Ecuador, los argumentos de censura o justificación brotaron rápidamente. Esto deleita porque demuestra que el proceso de integración no es un discurso, sino una realidad que importa, que se anhela y protege. Pero nuestros conflictos no gozan de esa misma suerte, ya que a la indiferencia se suma la inercia para evitar y prevenir toda declaración y comportamiento separatista.

Los gritos de independencia o las banderas departamentales estampadas con “nueva república” no espantan. Tampoco que algunos bolivianos enarbolen bandera extranjera e incluso hayan amenazado con su anexión al Perú (mayo 2007). Menos inquieta esa paradoja que otorga el derecho a la “libre determinación” —en el marco de la unidad estatal— a las naciones y pueblos indígena originarios; peor aún el constructo teórico, de los expertos, referido a la “soberanía de los pueblos” (en plural), término que es o fue exclusivamente reservado para el Estado.

Lo fáctico alarma más que lo teórico. Pero recordemos que la ‘teoría de anulación’ de J. Calhoun fue anterior a la Guerra de Secesión de EEUU (1861-1865), que el postulado de conservación de soberanía de los estados miembros alentó la separación y creer que la federación era destructible. En fin, esto enseña que la integración es un proceso voluntario por el cual las ‘partes’ constituirán un ‘todo’ y que la unidad nacional es su consolidación. Para conservarla se requiere el aporte de todos ‘los interesados’. Por esto, se debe ponderar que los precursores de la Autonomía Departamental tomen como referente a experiencias exitosas —como la española— e incluso vean en el federalismo una salida más viable, porque esa fuerza centrífuga consolidará la democracia. Pero el elogio de lo foráneo no debe terminar cuando se trata de contribuciones que la ‘parte’ hace para conservar el ‘todo’.

Conservar un Estado implica reconocer una situación jerárquica donde el ‘todo’ es más que la ‘parte’, y es por esto que la España de las autonomías tiene un mecanismo constitucional que resguarda su “interés general” ante posibles actos atentatorios de las Comunidades Autónomas. Al igual que Brasil, cuando advierte a sus estados miembros con una intervención excepcional si la integridad nacional se ve amenazada o si éstos no aseguran el ejercicio de los derechos humanos, ni rindan cuentas de su administración.

El problema no está en incorporar un mecanismo centrípeto, sino en identificar al autor de la iniciativa. Si es el ‘todo’, la intervención aterrará y los prejuicios dirán que es un medio para tumbar autoridades electas. Unidad garantizada pero forzada y no deseada. Pero si es de la ‘parte’, se demuestra que el discurso de la unidad nacional no es fingido sino un verdadero compromiso con Bolivia. Si se propone un mecanismo de intervención que determine: su carácter excepcional, detalle los presupuestos materiales (unidad nacional), al órgano adecuado para valorar los presupuestos y las medidas para evitar la intervención (solicitudes previas); sólo un separatista se opondría con su incorporación.

Esta es una ruta para llegar al consenso y afirmar que se hace una mejor autonomía al ‘andar juntos’. Pero ¿qué desprendimiento puede dar el otro bando que es igual de peligroso para la unidad nacional?

*Carlos Tórrez Guarachi
es investigador social.