La crisis de Estado por la que atraviesa Bolivia ha devenido en la fase más aguda de la anomia social, que es la diáspora. Las instituciones, al no poder contener ni abarcar el conflicto, abdican sus funciones ante las asociaciones corporativas que tienen capacidad de presión e imposición a través de la fuerza. El Estado, que no es otra cosa que la organización del poder colectivo a través de convenciones y mediaciones, desfallece agobiado por las querellas internas que no tienen mecanismos que canalicen positivamente las energías sociales que emanan del conflicto. Así, el Estado, al no poder cumplir la principal función para la que fue creado, vale decir, la administración del choque de intereses particulares en función del bien colectivo, sucumbe ante la acción de minorías eficaces que se empoderan y suplantan la voluntad de las mayorías.
En épocas normales, en un sistema democrático, las instituciones gestionan el conflicto a partir del principio elemental del gobierno de las mayorías y el respeto a los derechos de las minorías. Las elecciones periódicas, las votaciones en el Congreso, las autonomías municipales y universitarias, la utilización legítima de la fuerza por medio del Ejército y la Policía, etcétera, norman y limitan las acciones sociales para que se garantice la preservación del contrato social. Precisamente, el contrato social en democracia se basa en el hecho de que se resuelven las controversias a través de las convenciones y acuerdos que se expresan en las leyes; y que éstas son el fruto de la congregación y la convención de iguales y libres.
Pero en situaciones extraordinarias —léase anomia social— estos principios parecen trocar de manera dramática. Las mayorías, al no encontrar los mecanismos que canalicen su energía social y hagan valer su vigor, quedan aturdidas y estupefactas y no atinan a encontrar la manera de hacer respetar su primacía. Las minorías corporativas, por su parte, encuentran el caldo de cultivo adecuado para imponer su voluntad. Para decirlo fácil y claro: cuando gobiernan las leyes, mandan las mayorías, mientras que cuando se impone la fuerza, imperan las minorías.
En nuestro país la mayoría mestiza (70% o más) está acomplejada y arrinconada por racismos extremos minoritarios. La mayoría pacífica (90% o más) asiste inerme y pasmada a la imposición de las minorías violentas y radicales. La mayoría (80% o más) que cree en el trabajo y la producción como fuente de generación de riqueza y desarrollo, está desplazada por minorías fundamentalistas decimonónicas que cultivan utopías arcaicas perdidas en la noche de los tiempos. Estamos ante una inocultable dictadura de las minorías eficaces, que, ante la momentánea ausencia del centro político, amenaza con llevar al país a la debacle. Exacerbados los extremos y presa de incertidumbre la mayoría, nos estamos acercando peligrosamente a una resolución violenta y fratricida del conflicto.
Los augurios no son de los mejores, dado que las minorías eficaces, hoy entronizadas como extremos inclementes, están convencidas de que ha llegado su hora y que están en posición inmejorable para derrotar a sus adversarios. Ese choque de trenes, obviamente, perjudicará sobre todo a los que estamos en el interior de los vagones.
*Ricardo Paz Ballivián es sociólogo y constitucionalista.
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